Cómo operaba
Un hombre fue detenido este jueves, en el marco de las tareas que la justicia lleva adelante por una causa por estafas reiteradas vinculadas a inversiones y alquiler de vehículos, que la semana pasada derivó en seis allanamientos en distintos puntos de Salta Capital y el municipio de San Lorenzo, y cuya investigación está a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC).
Desde el Ministerio Público Fiscal se informó que el hombre, sobre quien pesaba una orden de detención, solicitó medidas sustitutivas y, ante el incumplimiento de la caución real fijada, quedó detenido, por lo que mañana viernes se realizará la audiencia de formalización de la investigación penal.
La audiencia de este jueves se desarrolló por solicitud de uno de los investigados, sobre quien pesaba una orden de detención, y en ese marco, el representante legal del sospechoso pidió que no se hiciera efectiva la medida.
Ante esta solicitud, el juez de Garantías Nicolás Rodríguez Pipino fijó una caución real de $794 millones, como condición para evitar su detención.
Ante el incumplimiento de la caución establecida, el auxiliar fiscal de UDEC, Pablo Nieva, en representación del Ministerio Público Fiscal, solicitó que se hiciera efectiva la detención, medida que fue ordenada por el juez de Garantías Antonio Pastrana.
Para mañana viernes, se fijó la audiencia de formalización de la investigación penal, mientras que continúan vigentes los pedidos de detención respecto de los otros dos investigados en el marco de esta causa.
La semana pasada, la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, interina en UDEC, solicitó ante el Juzgado de Garantías 2 del distrito Centro una orden de allanamientos simultáneos para seis domicilios, además de la detención de los tres sospechosos y el secuestro de documentación y otros elementos de interés, en el marco de una minuciosa investigación que por presuntas maniobras de estafas reiteradas en cinco hechos, lleva adelante.
Los allanamientos estuvieron a cargo de personal de la Unidad UDEC del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF (DIC), y concluyeron con el secuestro de 12 automóviles, dispositivos informáticos, teléfonos celulares y documentación de interés para la causa, además del pasaporte de uno de los tres investigados por las maniobras.
La investigación inició a partir de la recepción de denuncias realizadas por particulares que manifestaron que los sospechosos se habrían presentado como responsables de las firmas Gerala Foa SRL y Naireibis SRL, ofreciendo a particulares distintos esquemas de inversión vinculados a la compra y alquiler de vehículos o a la captación de capitales con promesas de rendimientos mensuales en dólares.
De acuerdo con las denuncias, tras recibir importantes sumas de dinero o vehículos, dejaron de cumplir con los pagos comprometidos, entregaron garantías que carecían de valor efectivo y comercializaron unidades que registraban prendas o restricciones que impedían su transferencia.
La causa reúne cinco denuncias de personas que aseguran haber sufrido perjuicios patrimoniales millonarios mediante maniobras similares, que la Fiscalía investiga, ante la posible existencia de un esquema financiero similar a un sistema Ponzi, mediante el cual los pagos iniciales a algunos inversores habrían sido efectuados con aportes realizados por nuevos participantes.
La UDEC realizó un amplio despliegue investigativo que permitió identificar los domicilios vinculados a los sospechosos, entre ellos oficinas comerciales, domicilios particulares y un predio ubicado en la zona de Las Costitas, en San Lorenzo, donde, de acuerdo a los testimonios incorporados a la causa, se resguardaría parte de la flota de vehículos utilizada por las empresas investigadas.
Asimismo, se obtuvo información que indica que algunos de esos automóviles estarían siendo utilizados para prestar servicios mediante plataformas de transporte y, en ciertos casos, trasladados a otras provincias para dificultar su localización.
Por otra parte, las tareas realizadas permitieron establecer frecuentes desplazamientos de los investigados entre Salta, Buenos Aires y distintos destinos internacionales, entre ellos Brasil, Chile y Portugal, circunstancia que fue valorada por la Fiscalía al momento de solicitar medidas tendientes a evitar riesgos procesales.
En ese contexto, la fiscal Salinas Odorisio solicitó ante el juez de Garantías del distrito Centro, Ignacio Colombo, la inmovilización de cuentas bancarias vinculadas a las personas y sociedades investigadas, la detención de los sospechosos y la prohibición de salida del país para los tres investigados.