Presunta asociación ilícita en el departamento de Anta
Una investigación por presunta defraudación a la administración pública derivó en nueve allanamientos simultáneos en distintas localidades del departamento de Anta, donde la Justicia Federal busca desarticular una organización acusada de tramitar ilegalmente pensiones por invalidez mediante documentación médica apócrifa.
Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta” de Gendarmería Nacional, que trabajaron durante más de un año y medio en tareas de campo y análisis de documentación para reconstruir el funcionamiento de la maniobra.
Según informaron fuentes oficiales, la causa se inició en noviembre de 2024 a partir de una denuncia preliminar. Debido a la complejidad del caso, en junio de 2025 la Unidad Fiscal Federal de Salta conformó un equipo especial integrado por miembros de tres fiscalías descentralizadas para profundizar la investigación.
De acuerdo con las pruebas reunidas hasta el momento, la organización habría sido impulsada por un exfuncionario municipal de una localidad de Anta. El esquema operaba mediante punteros políticos que captaban a familias vulnerables y numerosas para ofrecerles el acceso a pensiones por invalidez. A cambio, los beneficiarios debían garantizar apoyo electoral.
La investigación sostiene que la red contaba con la participación de médicos, bioquímicos y enfermeros vinculados a funcionarios políticos. Los profesionales emitían certificados médicos utilizando patologías recurrentes, principalmente enfermedad de Chagas y graves desviaciones de columna vertebral, para justificar el otorgamiento de los beneficios.
Los investigadores determinaron además que la organización utilizaba laboratorios propios para adulterar resultados clínicos y falsificar estudios médicos. En numerosos casos se detectó que una misma radiografía era copiada y utilizada para respaldar expedientes de distintas personas. También se comprobó que algunos certificados de discapacidad habrían sido firmados por funcionarios sin título médico habilitante.
La primera etapa de la investigación tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando el Juzgado Federal de Garantías 1 ordenó allanamientos en clínicas privadas, hospitales públicos y domicilios particulares. Aquellos procedimientos permitieron secuestrar documentación y avanzar con las primeras imputaciones por asociación ilícita, defraudación a la administración pública, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
A partir del análisis de la evidencia obtenida, la Justicia profundizó la pesquisa y este martes concretó una segunda fase operativa. Por disposición del Juzgado Federal de Garantías 2, las fuerzas de seguridad allanaron nueve inmuebles en las localidades de Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal.
Durante los procedimientos, los investigadores hallaron una importante cantidad de radiografías de tórax y columna pertenecientes a distintas personas. Según las fuentes, cerca del 90 por ciento de las placas mostraban diagnósticos de desviación de columna y algunas presentaban espacios en blanco para completar posteriormente la identidad del supuesto paciente.
Además, fueron secuestrados estudios clínicos con resultados positivos para Chagas que, de acuerdo con los peritajes preliminares, serían copias de análisis originales utilizados para respaldar múltiples trámites.
Tras los últimos allanamientos, las autoridades judiciales señalaron que las nuevas pruebas recolectadas fortalecen la hipótesis fiscal. En ese marco, la Justicia evalúa formalizar en los próximos días la imputación de otras ocho personas, entre ellas tres médicos y nuevos funcionarios políticos vinculados a la presunta maniobra fraudulenta.