PolicialesTras juicio abreviado, sabe a poco
Un exintendente de Aguas Blancas, un abogado penalista y el empleado de la Defensoría de Violencia de Género, vinculados a una escandalosa causa de corrupción en el norte provincial, donde la justicia destituyó a un juez y su secretario, recibieron penas condicionales (dos de ellos) en el marco de un juicio abreviado, es decir se trata de un mecanismo que si bien acelera el proceso judicial, a cambio de aceptar la culpabilidad, muchas veces la condena impuesta no refleja el peso real de la verdad.
Las fiscales Daniela Murua y Mariana Torres, y los fiscales Daniel Espilocín y Carlos Salinas, representaron al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia de juicio abreviado ante el Tribunal de Juicio Sala 1 de Orán. La audiencia se celebró por pedido de los propios acusados, quienes buscaron confesar los hechos por los que se les acusaba.
- Roberto Ortega Serrano (abogado): Condenado a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional, sujeto a reglas de conducta.
- Carlos Alfredo Martínez (exintendente): Condenado a un año y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo, y a 4 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esta es la pena máxima prevista para los delitos por los que fue acusado.
- Héctor Manuel Alderete (empleado): Condenado a 2 años y 8 meses de prisión condicional y a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La Unidad Fiscal determinó durante la investigación que Roberto Ortega Serrano, en su calidad de abogado, pagó dádivas a un magistrado y a su secretario para obtener beneficios procesales indebidos para sus defendidos. Los actos confesados incluyen:
- Obtención de la detención domiciliaria de César Daniel Martínez, imputado por tentativa de femicidio. Fue acribillado a tiros en el jardín de su casa mientras cumplía prisión domiciliaria concedida por el exjuez Claudio Parisi.
- Nulidad del requerimiento acusatorio que impidió que la causa fuera elevada a juicio.
- Detención domiciliaria y posterior libertad de Matías Ezequiel Chaile, quien permanece prófugo acusado de matar a una mujer mientras conducía una camioneta y luego fugarse del lugar y hacer desaparecer el vehículo.
Ortega Serrano admitió también haber accedido indebidamente a un expediente judicial, obteniendo información reservada sobre allanamientos, pedidos de secuestro de celulares y dispositivos de almacenamiento de datos, así como detalles de declaraciones de testigos. Esta información fue compartida vía WhatsApp, permitiendo a los investigados anticiparse a las medidas fiscales y alterar el curso normal de la investigación.
Otros implicados y su participación
- Carlos Alfredo «Conejo» Martínez: Reconoció haber recibido información confidencial de Ortega Serrano sobre la investigación del crimen de su hermano, «Oreja» Martínez, y haberla difundido a terceros, vulnerando la reserva de los datos judiciales. Utilizó esta información para borrar datos de sus dispositivos electrónicos e influir sobre testigos para que modifiquen su declaración.
- Héctor Manuel Alderete: Reconoció haber intermediado entre Ortega Serrano y el Magistrado a cargo de las causas para que este último reciba los pagos mencionados.
Los condenados llegaron al juicio abreviado tras permanecer detenidos durante 1 año y 2 meses con prisión preventiva, debido a los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.
Tras estas condenas, resta juzgar a Claudio Alejandro Parisi, destituido de su cargo de Juez de Garantías y actualmente detenido, y al Secretario Letrado, quien se encuentra con prisión domiciliaria. Ambos optaron por la realización de un juicio oral y público.
