Un hombre de 40 años que habría engañado a múltiples víctimas haciéndose pasar por abogado y que captaba clientes en ámbitos judiciales o en situaciones de vulnerabilidad, cobrándoles por supuestos servicios legales, fue detenido en Orán, en el norte salteño, en el marco de un allanamiento en el que se secuestraron numerosos elementos de interés para la causa.
La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, imputó provisionalmente al detenido, como presunto autor de los delitos de usurpación de título y estafa en concurso ideal, según se precisó desde el Ministerio Público.
Además, Murúa solicitó ante el Juzgado de Garantías 1 de Orán, que el acusado permanezca detenido.
La investigación se originó a partir de una denuncia web anónima que alertaba que el investigado se hacía pasar por abogado en la ciudad de Orán, y ofrecía asesoramiento legal, cobrando honorarios y realizando gestiones judiciales sin contar con habilitación profesional.
De las tareas investigativas realizadas por la Unidad Especial de Investigaciones Norte del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), surgió que el acusado presenta un extenso historial de denuncias desde 2012 hasta la actualidad, como denunciante y como denunciado, con antecedentes vinculados a delitos patrimoniales y conflictos interpersonales.
Las víctimas pagaban sumas de dinero por gestiones que carecían de validez
En ese marco, se recibieron testimonios de presuntas víctimas que indicaron haber abonado sumas de dinero por supuestos servicios legales, entrega de documentación y gestiones judiciales que no habrían sido realizadas o carecerían de validez.
La información indica que, en algunos casos, se constató la retención indebida de documentación y la exigencia de dinero para su devolución.
La investigación permitió además establecer un modus operandi consistente en simular la condición de abogado, captar clientes, especialmente en ámbitos judiciales o situaciones de vulnerabilidad, percibir dinero mediante engaño y utilizar documentación sin respaldo institucional.
Con los elementos reunidos, la fiscal Murúa solicitó una orden de allanamiento, secuestro y detención para el domicilio del investigado, donde, con recursos dependientes de Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF y personal policial, se dio cumplimiento a la medida.
Allí se secuestraron dispositivos electrónicos, sellos, documentación, una computadora y otros elementos de interés para la causa.
