PolicialesArreglos económicos con el Juez
Confesó Maximiliano Correa, quien fuera secretario letrado del Juzgado de Garantías N.º 2 de Orán, y admitió su participación en una trama oscura de corrupción. Destapó una madeja de favores ilícitos y traiciones a la ley, donde el dinero manchó la balanza de la justicia.
En una audiencia que congregó a los fiscales Alda Daniela Murúa, Mariana Torres, Carlos Salinas y Daniel Espilocín, representantes del Ministerio Público Fiscal, ante la Sala I del Tribunal de Juicio, se formalizó un acuerdo que marcaría un punto de inflexión en este caso. El propio Correa, antiguo confidente del exjuez Claudio Alejandro Parisi, solicitó un procedimiento abreviado, buscando aliviar el peso de su condena a través de la confesión.
Frente al tribunal, Correa, reconoció haber aprovechado su posición privilegiada dentro del sistema judicial y su estrecha amistad con el magistrado destituido para oficiar de intermediario por sumas de dinero destinadas a comprar la benevolencia del juez Parisi, otorgando beneficios procesales indebidos a aquellos que se encontraban enredados en la ley.
La sentencia le pone punto final a su carrera judicial pero la pena es de dos años de ejecución condicional, en calidad de partícipe secundario de dos hechos de cohecho pasivo agravado, en concurso real. La inhabilitación para ejercer cualquier cargo público es perpetua.
Además, el tribunal le impuso una serie de reglas de conducta como fijar residencia, someterse al control del Patronato de Presos y Liberados, y embarcarse en un curso de ética judicial.
La investigación reveló que Correa, valiéndose de su título de abogado, negoció con el magistrado para que éste recibiera sobornos a cambio de favores judiciales. Entre los actos confesados, se encuentran la concesión de la detención domiciliaria a César Daniel “Oreja” Martínez, acusado de tentativa de femicidio, y la anulación del requerimiento acusatorio, una maniobra que impidió que su caso llegara a juicio.
Asimismo, admitió haber intervenido en la concesión de la detención domiciliaria y posterior liberación de Matías Ezequiel Chaile, prófugo de la justicia tras ser acusado de causar la muerte de una mujer en un accidente de tránsito, darse a la fuga y ocultar el vehículo.
Correa pasó un año y tres meses tras las rejas, como medida preventiva dictada ante el temor de que pudiera eludir la justicia o entorpecer la investigación. Este caso ya ha salpicado a otros actores del sistema judicial: Roberto Ortega Serrano, abogado defensor de los imputados beneficiados por la corrupción, y Héctor Manuel Alderete, ex empleado de la Defensoría de Violencia de Género, quienes también fueron hallados culpables de actuar como intermediarios en el pago de los sobornos.
Ahora, la atención se centra en Claudio Alejandro Parisi, el exjuez de Garantías destituido, quien cumple prisión preventiva y ha optado por enfrentar un juicio oral y público. Su destino está en manos de la justicia, y su caso promete revelar aún más detalles de esta trama de corrupción que ha sacudido los cimientos del poder judicial salteño.