Un juicio por trata y servidumbre que salpica a la provincia
La causa que investiga el funcionamiento del Templo Filadelfia volvió a poner a Salta en el centro de una de las investigaciones por trata de personas, reducción a la servidumbre y asociación ilícita más impactantes de los últimos años. En el juicio que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín, el fiscal general Alberto Gentili pidió penas de entre 3 años y 9 meses y 24 años de prisión para los 27 imputados que, según la acusación, integraron una organización con presencia en distintas provincias y países limítrofes.
La provincia tuvo un rol dentro de la estructura, ya que al menos dos de los acusados desarrollaban actividades en territorio salteño. Entre ellos se encuentra María Luisa Alza (63), señalada como una de las integrantes históricas de la organización y responsable de coordinar operaciones en Salta, Santiago del Estero, Brasil y Paraguay.
La investigación sostiene que la organización funcionó desde 1972 hasta diciembre de 2020, con sede principal en San Justo, Buenos Aires, y ramificaciones en diferentes puntos del país. Bajo la apariencia de una congregación religiosa evangélica, captaba personas en situación de vulnerabilidad para someterlas a explotación laboral, aislamiento y servidumbre, ejerciendo un férreo control sobre todos los aspectos de sus vidas.
En su alegato, Gentili describió un escenario que calificó como de "criminalidad organizada", con hechos de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes. El fiscal sostuvo que las víctimas no relataron episodios aislados, sino un proceso de sometimiento que se extendía durante años, basado en el aislamiento, la manipulación psicológica y el miedo.
Uno de los aspectos más estremecedores expuestos durante el juicio fue el control absoluto que la organización ejercía sobre la vida de sus integrantes. Según el fiscal, las víctimas eran vigiladas permanentemente, sufrían castigos, humillaciones y traslados compulsivos entre distintas sedes para impedir cualquier intento de independencia.
"No solamente fueron sometidos sobre sus cuerpos, sino también sobre sus deseos y sus planes de vida", afirmó Gentili al explicar el grado de dominación que, según la acusación, ejercían los líderes del grupo.
La Fiscalía también reveló que la organización intervenía en la vida íntima de las víctimas. De acuerdo con los testimonios, existían matrimonios impuestos, castigos para quienes no obedecían y persecución hacia personas con orientación homosexual. Además, varias víctimas denunciaron abusos sexuales, algunos cometidos contra menores de edad, que eran justificados mediante supuestos rituales religiosos denominados "fiestas del señor".
El objetivo final, sostuvo el Ministerio Público Fiscal, era la explotación laboral. Las víctimas realizaban trabajos domésticos, albañilería, construcción y elaboración de panificados, sin recibir salario, sin descanso, sin acceso a educación ni atención médica y viviendo en condiciones de hacinamiento y extrema precariedad.
Los allanamientos en Salta
La conexión con la provincia quedó en evidencia durante los operativos realizados en noviembre de 2020, cuando las fiscalías federales de Morón y Santiago del Estero desplegaron una serie de allanamientos simultáneos en distintas provincias.
En Salta capital, los procedimientos se concretaron en un edificio evangélico ubicado sobre calle Zuviría al 1300 y en una vivienda de calle Luis Borja Díaz al 600. Aquellos operativos formaron parte de una investigación que permitió rescatar a 101 víctimas y avanzar sobre una estructura que también tenía presencia en Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Tucumán, Neuquén, Santiago del Estero, Ciudad de Buenos Aires, Brasil y Paraguay.
Como parte de su requerimiento, el fiscal pidió además el decomiso de 48 inmuebles, entre ellos propiedades ubicadas en Salta, además de 16 vehículos que, según la acusación, fueron utilizados para cometer los delitos o adquiridos con las ganancias obtenidas mediante la explotación de las víctimas.
La pena más alta fue solicitada para Eva Petrona Pereyra (82), considerada la líder de la organización, para quien la Fiscalía requirió 24 años de prisión por asociación ilícita, trata de personas, reducción a la servidumbre, abuso sexual, supresión de identidad y otros delitos. El juicio continuará la próxima semana con los alegatos de las defensas.