El drama de la joven japonesa que denunció a su ex marido futbolista por violencia de género y privación ilegítima de la libertad, junto al bebé de ambos, parece estar llegando a su fin.
Después de un largo trámite, la Justicia de Salta permitó al bebé salir de la provincia, por lo que la joven podrá volver a su país en cuanto consiga los pasajes a Japón. Mientras tanto el hombre de 23 años denunciado permanece detenido.
La joven fue acompañada y asistida legalmente por la Fundación Volviendo a casa, que además solicitó a la senadora Flavia Royón una ayuda para conseguir los pasajes de Argentina a Japón, trámite que ya está en marcha.

Pese a que finalmente podrá retornar a su país, la joven tuvo que exponer su situación en una audiencia declarando durante más de cinco horas y, según fuentes de la fundación, sintió que no se cumplieron los derechos de la víctima. “Ella no sintió que haya sido traducido correctamente todo lo que quería expresar” por la traductora del juzgado que intervino en la audiencia, contaron. Sin embargo, destacaron el rol de la defensora oficial Lisa Medrano.
En la Argentina, la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (Ley 27.372) reconoce expresamente el derecho de toda víctima a ser acompañada por una persona de su confianza durante las actuaciones, especialmente cuando se encuentra en una situación de vulnerabilidad. “En casos de violencia de género y contextos interculturales, este derecho se vuelve central para garantizar una comunicación real, segura y no revictimizante”, explican desde la fundación.
A la joven no le permitieron que la acompañe Nadia, persona bilingüe y de su absoluta confianza, con conocimiento de su lengua materna (japonés), lo que era necesario para asegurar su derecho a ser oída, comprendida y a expresarse libremente, más allá de que no se trate de una traductora formal. “Respetar la voluntad de la víctima respecto de quién la acompaña es una obligación legal del Estado, no una concesión”, agregan.

Cómo fue el caso
Tal como informó Gente de Salta, un joven futbolista salteño de 23 años fue denunciado por su pareja, una mujer de nacionalidad japonesa de 22 años, por violencia de género, privación ilegítima de la libertad y otros delitos.
La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 3, Gabriela Raquel Dávalos, confirmó que el hombre fue detenido e imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada en dos hechos, lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por el género, y desobediencia judicial en cuatro hechos, todo en concurso real.
Durante la audiencia, el imputado fue asistido por su defensa particular y brindó su versión de los hechos, mientras que desde la Fiscalía, se solicitó al Juzgado de Garantías el mantenimiento de su detención.
La intervención fiscal se originó a partir de las denuncias policiales radicadas y de un informe remitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, en respuesta a una comunicación de la damnificada.
De acuerdo a lo investigado, el imputado —pareja de la denunciante y padre del niño— habría ejercido distintos episodios de violencia física, psicológica y verbal, además de restringir la libertad ambulatoria de la mujer, retener su documentación personal y desobedecer reiteradamente las medidas judiciales de protección oportunamente dispuestas.

Consta en la causa que, pese a haber sido notificado de la prohibición de ejercer actos de violencia y de acercamiento, el acusado incumplió dichas órdenes en diversas oportunidades, generando temor en la damnificada.
Asimismo, se incorporaron certificados médicos que acreditan lesiones compatibles con los hechos denunciados.
Ante la existencia de elementos suficientes, la fiscal Dávalos dispuso remitir copia de las actuaciones a la Fiscalía de Delitos Sexuales, por hechos que resultarían de su competencia.
¿Cómo comenzó la historia?
La pareja se conoció en Japón, a través de una aplicación de citas en septiembre de 2024, mientras el hombre se encontraba en el país asiático, jugando en equipo de fútbol, y la inmediata conexión entre ambos derivó en el inicio de una relación y el posterior casamiento.
En diciembre del mismo año, la alegría se multiplicó al enterarse del embarazo, pero enseguida comenzó la pesadilla, cuando la joven -según su denuncia- fue forzada, mediante artilugios, a trasladarse a la Argentina para dar a luz.
Desde ese momento, la mujer se vio atrapada en un círculo vicioso de violencia y control, cautiva en la casa de sus suegros y en distintos inmuebles, donde no solo enfrentó maltratos físicos y psicológicos, sino también delitos económicos que la dejaron en una situación de extrema vulnerabilidad junto a su hijo recién nacido.