La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó de forma provisional a cuatro directivos y responsables de la empresa Aguas del Norte. Se los investiga como presuntos autores de los delitos de homicidio culposo por omisión e inobservancia de los reglamentos (en perjuicio de dos trabajadores fallecidos) y de lesiones graves bajo la misma calificación (en perjuicio de un tercer operario que logró sobrevivir).
Las imputaciones y las responsabilidades señaladas por la Fiscalía se dividen de la siguiente manera:
Jefe Operativo–Supervisor: Acusado de omitir el control y la supervisión efectiva de la cuadrilla, tolerando prácticas de trabajo inseguras.
Coordinador y Responsable del Área de Higiene y Seguridad: Imputados por no implementar ni controlar los protocolos para trabajos en espacios confinados, no garantizar la capacitación específica del personal ni proveer los elementos de protección y rescate obligatorios.
Gerente Operativo del Interior Provincial: Acusado de incumplir sus deberes de organización, dirección y control al no asegurar los recursos materiales y de seguridad necesarios para las tareas de la cuadrilla.
El hecho: asfixia tóxica a siete metros de profundidad
La investigación penal se centra en el trágico episodio ocurrido el pasado 5 de mayo de 2026 en Rivadavia Banda Sur. En esa oportunidad, una cuadrilla realizaba tareas de mantenimiento en el sistema cloacal local. Tras reemplazar una bomba y detectar que persistía una obstrucción, tres operarios descendieron a una boca de registro de aproximadamente siete metros de profundidad.
Al ingresar al espacio confinado, los tres trabajadores se descompensaron rápidamente debido a las condiciones del lugar. Dos de ellos perdieron la vida en el acto, mientras que el tercero logró ser rescatado con lesiones de gravedad.
Las autopsias confirmaron que las víctimas fallecieron por asfixia tóxica. Los estudios toxicológicos posteriores detectaron la presencia de sulfuro de hidrógeno, un gas extremadamente letal que suele acumularse en las redes de efluentes cloacales y que es capaz de causar la pérdida del conocimiento y la muerte en cuestión de segundos.
La hipótesis de la Fiscalía: fallas estructurales de seguridad
La hipótesis principal de la fiscal Fuentes sostiene que los operarios ingresaron a la cámara sin el equipamiento de protección adecuado ni los protocolos mínimos exigidos para espacios confinados. La cuadrilla no contaba con:
- Detectores de gases.
- Equipos de respiración autónoma.
- Arneses, líneas de vida y dispositivos de rescate.
Asimismo, la investigación judicial determinó que los empleados no habían recibido capacitación específica sobre los riesgos críticos de este tipo de tareas, una modalidad de trabajo precarizada que, según la fiscalía, era plenamente conocida dentro de la estructura operativa de la empresa. La imputación se fundamenta en el deber de garante que pesaba sobre los directivos, quienes por normativa vigente debían velar por la seguridad, la prevención de riesgos y la supervisión de las tareas.