Por los allanamientos en su casa, el comunicador está bajo la lupa
Lo que durante meses fue motivo de fuertes cuestionamientos por parte de la querella finalmente comenzó a tener respuesta en sede judicial. En el marco de la investigación por el homicidio de Lautaro Ramasco, la Justicia ordenó abrir nuevas líneas de investigación a partir del material secuestrado durante un allanamiento realizado en diciembre de 2024 en el domicilio del comunicador salteño Gustavo Vaccarella.
La audiencia multipropósito había sido solicitada por la abogada querellante Sandra Domené, quien sostiene que la investigación del crimen estuvo marcada por irregularidades que, a su entender, impidieron profundizar sobre elementos que podrían resultar relevantes para esclarecer el asesinato del joven de 32 años, ocurrido el 9 de diciembre de 2024 sobre la avenida Tavella.
La letrada sostiene que hay evidencias —que no fueron incorporadas al expediente— que podrían vincular al comunicador con la causa como presunto autor intelectual del homicidio, una hipótesis que hasta el momento no fue receptada por el Ministerio Público Fiscal ni por la Justicia local.
Domené ya había denunciado públicamente, en una publicación realizada por Gente de Salta el pasado 30 de mayo, la existencia de una supuesta desigualdad ante la ley en la investigación. Según afirmó entonces, mientras algunas líneas investigativas avanzaban rápidamente, otras permanecían prácticamente inmóviles.
Tras el pedido de la audiencia multipropósito, por parte de la querella, fueron designados funcionarios judiciales que ya habían intervenido en el expediente o que se encontraban imposibilitados de actuar, situación que se interpretó como una nueva dilación del proceso.
Sin embargo, la situación cambió cuando el Colegio de Abogados y el Tribunal de Ética labraron un acta dirigida al fiscal Santiago López Soto tras tomar conocimiento de una notitia criminis. A partir de esa actuación, el representante del Ministerio Público solicitó la audiencia, que finalmente se concretó el miércoles pasado.
Las pruebas fueron distribuidas entre distintas fiscalías
La audiencia fue presidida por la jueza de Garantías Claudia Puertas, quien resolvió remitir distintos elementos probatorios a las fiscalías competentes para que determinen si corresponde iniciar investigaciones por eventuales delitos ajenos a la causa principal del homicidio.
Uno de los aspectos expuestos por la querella fue una conversación atribuida a un suboficial de la Policía de Salta, de apellido Guerra, con Gustavo Vaccarella, en la que presuntamente se hacía referencia a modificar la fecha del allanamiento dispuesto por la Justicia. Ese material fue enviado a la Fiscalía Penal 5 para establecer si existió alguna conducta delictiva.
Otra de las decisiones de mayor impacto fue la remisión del contenido extraído del teléfono celular secuestrado durante el procedimiento. Por disposición de la jueza, ese material será analizado por la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, a cargo de Sofía Cornejo, luego de que surgieran elementos que podrían estar vinculados con un presunto delito de tenencia de pornografía infantil.
Además, durante la audiencia también se resolvió que otros elementos sean remitidos para determinar si corresponde investigar la posible comisión de otros delitos.
Una investigación que continúa generando interrogantes
Pese a las sospechas planteadas por la familia de Lautaro Ramasco y por la querella, Gustavo Vaccarella no fue imputado ni vinculado formalmente al expediente por el homicidio.
La causa fue elevada a juicio únicamente respecto de Gabriel Alejandro Quispe Cejas, un hombre que trabajaba como cuidacoches, acusado del homicidio del joven.
No obstante, para la familia Ramasco, esa hipótesis continúa siendo incompleta. Sostienen que Quispe Cejas no actuó solo o, incluso, que no fue el verdadero responsable del crimen, razón por la cual insisten en que se profundicen las líneas investigativas que ahora, por decisión judicial, comenzaron a ser analizadas por distintas fiscalías.
La audiencia del miércoles marcó un punto de inflexión en una investigación que, desde hace meses, es objeto de fuertes críticas por parte de la querella. Ahora será el Ministerio Público Fiscal el encargado de determinar si los elementos incorporados al expediente tienen relevancia penal y si corresponde avanzar con nuevas imputaciones o abrir causas independientes.