Avanza la causa por la venta de terrenos inundables
El abogado Santiago Pedroza accedió este jueves a la prisión domiciliaria, en el marco de la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria y en virtud de su estado de salud, tras ser detenido en el marco de la investigación por la presunta venta irregular de terrenos inhabitables en la zona del río Arias.
La jueza Victoria Montoya, luego de escuchar a las partes, dispuso el arresto domiciliario de Pedroza con una consigna fija en la puerta de la vivienda familiar, hasta tanto se le asigne una tobillera electrónica, debido a su estado de salud y para garantizar su seguridad.
La audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra el abogado Santiago Pedroza, en el marco de la investigación que se lleva adelante por la presunta comisión de los delitos de estafa, en 40 hechos, y asociación ilícita en la comercialización de terrenos inundables e inhabitables, se desarrolló este jueves.
Los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, en Unidad Fiscal, representaron al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia, en la que precisaron la calificación legal, los hechos atribuidos al detenido, el grado de participación que se le atribuye y las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos investigados, junto con los elementos de prueba reunidos.
Una vez formalizada la investigación penal preparatoria, los miembros de la Unidad Fiscal solicitaron la prisión preventiva del imputado, por entender que existen riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y de fuga, considerando la expectativa de pena en abstracto.
Al mismo tiempo, pidieron informes psicológicos, psiquiátricos y ambientales del imputado y la extracción física de los celulares secuestrados en relación a las comunicaciones con los denunciantes o los coimputados.
Entre las restricciones impuestas, se le prohibió mantener cualquier tipo de contacto y por cualquier medio, con los denunciantes o los coimputados, además del contacto con los medios masivos de comunicación y las publicaciones en redes sociales relacionadas con la causa.
Desde el Ministerio Público se informó que se aceptó la caución personal ofrecida por la pareja del abogado, y una caución real ofrecida por la defensa, de un inmueble sobre el que se trabará un embargo preventivo.
Pedroza fue detenido en la tarde del miércoles, en la vía pública, por estar señalado como el principal investigado en una causa por presuntas estafas.
En medio de la notoriedad pública que tomó el caso ya hace varias semanas, hace poco más de diez días se llevó a cabo un allanamiento en el estudio jurídico del profesional, ubicado sobre calle Córdoba al 200, en pleno centro salteño.
La medida había sido autorizada por el Juzgado de Garantías 3 y ejecutada por personal policial del Grupo Investigativo del Sector Oeste, con la participación de un veedor del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta.
La investigación se originó a partir de la denuncia de un hombre de 35 años que aseguró haber sido engañado durante la compra de un lote en Atocha. Según la denuncia y las actuaciones posteriores, la maniobra se habría iniciado tras una ocupación ilegal de terrenos registrada en 2023 en la ribera del río Arias.
De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, luego del desalojo policial un abogado se presentó ante las familias afectadas ofreciendo asesoramiento legal y la posibilidad de acceder a terrenos. Con el paso del tiempo, decenas de personas comenzaron a entregar importantes sumas de dinero creyendo que el proceso tenía respaldo legal.
Los fiscales sostienen que la maniobra habría alcanzado a unas 400 personas. Los montos pagados iban desde 500 mil pesos hasta cifras cercanas a los 8 millones por familia. Según consta en las denuncias, los pagos se realizaban tanto en efectivo como por transferencias bancarias y, en algunos casos, en domicilios particulares o en el estudio jurídico del investigado, con entrega irregular de comprobantes.
Uno de los puntos centrales de la causa es que los terrenos ofrecidos están ubicados en una zona declarada inundable y no apta para asentamientos humanos. Además, autoridades provinciales informaron a los damnificados que no existían trámites registrados ante organismos oficiales como Recursos Hídricos o Tierra y Bienes, y que las supuestas gestiones judiciales mencionadas por el abogado habían sido rechazadas.
El pasado 16 de abril, un grupo de damnificados se presentó en Casa de Gobierno para reclamar respuestas. Allí, según indicaron fuentes oficiales, se les advirtió que podría tratarse de una maniobra fraudulenta y se recomendó radicar las denuncias correspondientes.
Mientras avanza la investigación, desde la Unidad Fiscal reiteraron el pedido para que todas las personas que consideren haber sido víctimas de maniobras similares se presenten en la Delegación San Lorenzo de la Fiscalía Penal 2 con comprobantes de pago y toda documentación que permita acreditar las operaciones realizadas.