Detenidos en Rosario de la Frontera
Un empleado de la Municipalidad de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, y la mujer que lo acompañaba se encuentran bajo prisión preventiva tras ser imputados por el transporte de 34 kilos de cocaína. El arresto se produjo el sábado pasado en un control vehicular de Gendarmería Nacional en Rosario de la Frontera, Salta.
La Fiscalía de Distrito Salta, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba y con la intervención de la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, formalizó la acusación en una audiencia ante la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, según se afirmó en un comunicado de prensa.
R.E.C. (50), el empleado municipal, y M.M. (37) fueron imputados como coautores del delito de transporte de estupefacientes. La jueza Giménez ordenó la prisión preventiva para ambos por un plazo de tres meses, a solicitud de la fiscalía, considerando la gravedad del delito y los riesgos procesales.
Además, la magistrada autorizó el análisis de los teléfonos celulares incautados, una medida clave para determinar el alcance de la participación de los implicados.
Según el comunicado de prensa, R.E.C. declaró durante la audiencia ser empleado de la Municipalidad de Hurlingham, lugar de residencia de ambos acusados.
El Operativo en Rosario de la frontera
La auxiliar fiscal Altamirano detalló que la detención tuvo lugar en el puesto de control de Gendarmería Nacional en El Naranjo, Rosario de la Frontera, el 21 de febrero. La pareja viajaba en un Chevrolet Onix conducido por el empleado municipal, según se informó en un comunicado de prensa.
El nerviosismo de los ocupantes al ser interrogados sobre el origen y motivo de su viaje, sumado a la falta de equipaje congruente con un supuesto recorrido turístico por Cachi y otros destinos, despertó las sospechas de los gendarmes. La inspección del vehículo reveló anomalías en el torpedo, que parecía haber sido removido recientemente.
Ocultos en ese compartimiento, se encontraron 44 paquetes de cocaína con un peso total de 34,121 kilogramos. Inmediatamente, se procedió a la detención de la pareja y al secuestro del automóvil y los teléfonos móviles.
La fiscalía fundamentó el pedido de prisión preventiva en la solidez de las evidencias, el riesgo de fuga, la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, el estado inicial de la causa y la gravedad del delito, según se informó en un comunicado de prensa.
Declaraciones de los imputados y estrategia defensiva
La defensa informó que ambos acusados deseaban declarar ante la imputación y el pedido de prisión preventiva. La mujer se declaró inocente y negó cualquier relación con la droga, según el comunicado de prensa. El empleado municipal, por su parte, admitió haber sido contratado para el viaje e intentó exculpar a su acompañante: "Fui contratado y ella no tiene nada que ver", declaró R.E.C.
La defensa se opuso a la prisión preventiva, solicitando al menos arresto domiciliario para la mujer, invocando el principio de inocencia, la falta de antecedentes penales y el arraigo. La auxiliar fiscal Altamirano rechazó este planteo, argumentando la necesidad de realizar peritajes en los teléfonos y analizar la geolocalización, además de la gravedad del delito y la posible vinculación de los imputados con una organización criminal, según se informó en un comunicado de prensa.
Finalmente, la jueza Giménez avaló los argumentos de la fiscalía, rechazó el arresto domiciliario y confirmó la prisión preventiva para ambos imputados. Subrayó que los peritajes telefónicos serán cruciales para determinar el grado de participación de cada uno en el delito, según se informó en un comunicado de prensa.