La denominada “causa Vélez”, que comenzó en 2024 con una denuncia por abuso sexual contra jugadores del club Vélez Sarsfield en un hotel de Tucumán, volvió a tomar relevancia y ahora impacta de lleno en la política provincial. La Justicia federal investiga una posible trama de trata de personas vinculada a ese episodio, en un expediente en el que aparece mencionado el diputado nacional tucumano Carlos Cisneros.
El caso, que inicialmente generó una fuerte repercusión mediática y deportiva, tuvo un giro en diciembre pasado cuando el juez Augusto José Paz Almonacid resolvió sobreseer a los cuatro futbolistas denunciados. La decisión se basó en pericias informáticas que reconstruyeron conversaciones y audios que, según el fallo, indicaban que el encuentro había sido consensuado y que la acusación no tenía sustento penal.
La Investigación Se Amplía: ¿Extorsión Detrás de la Denuncia?
A partir de esa resolución, la investigación tomó un nuevo rumbo. La Justicia comenzó a analizar si detrás de la denuncia pudo haber existido una estructura dedicada a captar mujeres para realizar acusaciones con fines extorsivos. En esa línea de investigación aparece mencionado Cisneros, dirigente sindical de La Bancaria y diputado nacional por Unión por la Patria. Y desde el Congreso, oficialistas piden su desafuero.
Diputado Tucumano en la Mira de la Justicia Federal
El juez federal Guillermo Díaz Martínez, que actualmente subroga el Juzgado Federal de Tucumán, notificó formalmente a la Cámara de Diputados sobre la existencia de la investigación. La comunicación fue enviada al presidente del cuerpo, Martín Menem, para que el Congreso tome conocimiento institucional de la situación.
Aunque el magistrado no solicitó el desafuero del legislador, informó que en el expediente se investiga la hipótesis del delito de trata de personas. La causa está a cargo del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz.
Vínculos Políticos y la Denunciante
El vínculo entre la causa y la política provincial se explica también por el rol institucional de la denunciante. La joven trabajaba en la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, un organismo autárquico que durante años estuvo bajo influencia política del propio Cisneros y que administra el juego legal en la provincia.
Tensiones Internas en el Peronismo Tucumano
El avance del expediente se produce en un contexto de fuertes tensiones dentro del peronismo tucumano. Cisneros, históricamente alineado con el esquema de poder provincial, se distanció en los últimos meses del gobernador Osvaldo Jaldo y comenzó a mostrar mayor cercanía política con la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla.
Esa disputa interna se refleja también en el Congreso. Mientras el sector político cercano a Jaldo conformó el bloque Independencia, con posiciones más cercanas al oficialismo nacional, Cisneros se mantuvo dentro del bloque Unión por la Patria.
¿Qué Sigue en la Causa Vélez?
Por ahora, el expediente judicial continúa en etapa de investigación y no se formalizó ningún pedido de desafuero. Sin embargo, la notificación enviada al Congreso marca un nuevo capítulo en un caso que ya dejó de ser solo un escándalo deportivo y pasó a convertirse en un tema de fuerte impacto político en Tucumán.
En marzo de 2024, una joven denunció haber sido abusada sexualmente por cuatro futbolistas del club Vélez Sarsfield en un hotel de Tucumán, donde el equipo se hospedaba para disputar un partido frente a Atlético Tucumán.
La denunciante trabajaba en la Caja Popular de Ahorros, organismo que estaba bajo la influencia política de Cisneros. En diciembre pasado, el juez Augusto José Paz Almonacid sobreseyó a los cuatro jugadores denunciados -José Florentín Bobadilla, Sebastián Sosa, Braian Cufré y Abiel Osorio- al considerar “contundente” la evidencia pericial que desacreditaba la acusación.
Pericias informáticas realizadas por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFED) reconstruyeron conversaciones y audios que, según la resolución judicial, indicaban que la denuncia había sido parte de una maniobra extorsiva. Entre los elementos analizados figuraban mensajes de la propia denunciante a sus amigas, en los que relataba que el encuentro había sido consensuado, así como comunicaciones que sugerían intentos de direccionar su relato.