Doble crimen de las francesas
Los abogados de la familia Vera/Yapura intensificaron las acciones legales frente a las decisiones del Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Juzgado de Garantías 1 que consideran “perjudiciales” para Beatriz Yapura, quien se encuentra delicada de salud. Es la pareja de Santos Clemente Vera, el jardinero de San Lorenzo que fue injustamente encarcelado durante más de una década, acusado en el doble crimen de las turistas francesas, ocurrido en julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo.
Una de las últimas acciones efectuadas por los letrados salteños fue la presentación al Ministerio Público Fiscal (MPF) de los peritos de parte, se trata de los profesionales Gabriel Oscar Boselli, doctor en Bioquímica con domicilio en CABA (Capital Federal, Buenos Aires), y Carlos María Vullo, bioquímico de la provincia de Córdoba.
Los abogados solicitaron que los genetistas intervengan durante las diligencias relacionadas con el "acto pericial, extracción, análisis, cotejo, preservación, tratamiento, estudio o evaluación de muestras biológicas y/o genéticas que pudiera ordenarse o producirse en estas actuaciones, particularmente en lo vinculado a la eventual obtención, cadena de custodia, procesamiento, cotejo y estudio de ADN", enfatizando las garantías constitucionales que protegen a su defendida.
La citación a Beatriz Yapura, a través de la fuerza pública, nunca tuvo la claridad ni los fundamentos necesarios para que la mujer, como su familia y sus abogados entendieran cómo se realizarán las pruebas de extracción genética, por qué y para qué. “Querían cotejar lo extraído a la señora con un remanente que quedó de la inspección que realizó Daniel Corach, el perito oficial en el primer tramo del expediente cuando estaban acusados Gustavo Lasi, Daniel Vilte Laxi y Santos Clemente Vera”, contó el abogado Roberto Reyes en diálogo con Gente de Salta.
En ese momento, ese perito -Corach- se llevó las muestras a Buenos Aires, con lo cual el genetista de parte que tenían los defensores de Vera en esa época, el doctor Raimundi, le solicitó las muestras a Corach para hacer una contraprueba, las mismas estaban reservadas en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Sin embargo, le dijeron que no se las podían dar porque era imposible una contraprueba, "estaban totalmente contaminadas”.
En tal sentido, Reyes y su socio, el doctor José Vargas, decidieron junto a la familia Vera/Yapura que debían oponerse a la extracción de ADN “porque de ese remanente puede salir cualquier cosa. Nuestros genetistas nos explicaron que no se podía cotejar un ADN con ese remanente, es viejo, obsoleto, no se mantuvo conservado como corresponde y está totalmente manipulado”.
Evitar que se cometa otra injusticia
Luego de presentar varias acciones legales para evitar que la mujer de Vera sea sometida a una extracción genética, sin el marco legal adecuado, y ante la insistencia del MPF y el Juzgado de Garantías 1, Vargas y Reyes se opusieron y ganaron la pulseada. “Recién ahora clarifican que la compulsa será con los informes y resultados que vienen de Francia, está perfecto porque con la otra pericia, tal como ocurrió con Corach, la pueden manipular a los fines de dar una respuesta falsa a la sociedad, que es lo que pasó con Clemente Vera”, apuntó Reyes.
“Vera colaboró con el hisopado bucal y se les ocurrió, solo a Corach, encontrar perfil genético de Clemente en un solo cromosoma, con eso fue suficiente para que Vera pase 11 años preso, cuando los franceses no encontraron ningún perfil genético de nuestro cliente, ni tampoco el doctor Reimundi, una eminencia”. De esos dos resultados negativos y un positivo, el tribunal de Impugnación optó por hacer lugar al positivo y apresar nuevamente al jardinero condenando a prisión perpetua. Tras más de una década en Villa Las Rosas, la Corte de Justicia de la Nación resolvió liberarlo.
“Para que esa historia, la de Vera, no se repita es que tomamos todos los recaudos con Yapura, en primer lugar pedimos que el cotejo sea solamente con los resultados de Francia, cuestión que recién ahora admitieron. Y por supuesto ella tiene derecho a designar un genetista o perito de parte, en ese caso designamos a dos el doctor Boselli y el doctor Vullo”, contó Reyes.
Los abogados salteños están en contacto con los genetistas, “dispuestos a venir cuando sea necesario”, dijo el letrado. “Tienen que estar presentes cuando se extraigan las muestras, ellos tienen que llevar una parte para estudiar en Buenos Aires, pero con los resultados del informe de Francia, sobre eso determinarán si el ADN que está incorporado tiene algún viso aproximado al de la señora Yapura”, agregó.
Presentaron un hábeas corpus
La reciente acción legal, liderada por los abogados Roberto Reyes y José Humberto Vargas, consiste en la presentación de un hábeas corpus a favor de Beatriz Yapura. El objetivo es "disponer el cese de la amenaza actual, cierta e inminente a su libertad ambulatoria, derivada de medidas ya ordenadas y parcialmente ejecutadas en su contra", según el documento al que tuvo acceso Gente de Salta.
Los abogados buscan la suspensión inmediata de las medidas solicitadas por la Unidad Fiscal a cargo del caso del doble homicidio. Estas medidas incluyen la citación de Beatriz Yapura para la extracción de muestras genéticas, con el objetivo de cotejarlas con perfiles genéticos relacionados con la investigación. Incluso se contempla el traslado forzoso de la mujer, lo que, según los abogados, vulnera sus derechos fundamentales.
"La Constitución Nacional prevé expresamente que cuando el derecho amenazado es la libertad física, la acción del hábeas corpus puede ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez debe resolver de inmediato", señala el documento. Añade que "la Constitución provincial establece, además, que la protección de hábeas corpus implica el inmediato cese de la amenaza o de la restricción a la libertad ambulatoria", según lo presentado a la Corte de Justicia de Salta.
El juez de Garantías de Primera instancia, doctor Ignacio Colombo Murúa, persiste en la actitud de pedir que la señora Beatriz Yapura sea conducida por las fuerzas públicas. Insistencia que se basa en un artículo que no es aplicable en este tipo de casos, dado que la mujer no es imputada, entre otras cuestiones.
“Para las muestras en el interior del cuerpo humano tiene que haber una resolución del juez pero además tiene que haber un imputado para luego pedir un ADN, que puede ser un hisopado bucal o vaginal en el caso de las mujeres. De lo contrario no se puede aceptar una medida así porque es totalmente invasiva”, sostuvo Reyes.
Reactivar la causa
Desde el año pasado, a partir de febrero aproximadamente, el emblemático caso del doble crimen de Cassandra Bouvier y Houria Moumni, las francesas que aparecieron violadas y asesinadas en julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo, se reactivó tras la conformación de una nueva Unidad Fiscal, conformada por María Luján Sodero, Pablo Paz, Gabriel González y Daniel Espilocín.
Una de las principales acciones en torno al nuevo impulso que tomó la causa, es el cotejo de ADN con los perfiles genéticos de las víctimas, tomados en su momento en la autopsia a las francesas, que estaban resguardadas en la UBA y hace unas semanas fueron trasladadas a Salta.
Medida que en el caso de Beatriz Yapura, fue “totalmente infundada” según manifestaron los abogados Reyes y Vargas, quienes no dejan de señalar que el esposo de la mujer, Vera, pasó de ayudar en la causa como del doble femicidio, como guía de los policías, a ser imputado (2011), absuelto por la duda (2014), condenado a perpetua (2016) y liberado tras la intervención de la Corte Suprema (2023).
Hay que recordar también que los peritos franceses, quienes intervinieron inicialmente en el caso, lograron recuperar de los hisopados de las autopsias tres perfiles genéticos desconocidos, correspondientes a dos personas masculinas y una femenina, pruebas que no fueron tenidas en cuenta en la primera etapa de la investigación a cargo del juez Martín Pérez.