Marche preso
El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Salta condenó a un comerciante agropecuario a tres años y medio de prisión por una evasión fiscal de casi 8 millones de pesos mediante la presentación de facturas apócrifas que evadían el Impuesto al Valor Agregado (IVA), al tiempo que ordenó su prisión preventiva y le impuso una multa de 90 mil pesos.
La sentencia para Javier Alberto Villa, de 39 años, fue impuesta por el juez Diego Martín Matteucci, en el marco de una audiencia de imposición de la pena, informaron hoy desde Fiscales.Gob.
En representación del Ministerio Público Fiscal intervino la fiscal Lucía Orsetti, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal.
El caso se resolvió en un año y tres meses, ya que la audiencia de formalización de la investigación penal contra el imputado se realizó el 2 de julio de 2024.
Declaraciones juradas engañosas
Según la acusación fiscal, Villa presentó declaraciones juradas engañosas, evadiendo el IVA por los períodos fiscales comprendidos entre mayo y agosto de 2022 y entre enero y marzo de 2023, por un monto total de $7.992.448,76.
La fiscal señaló que el imputado declaró como actividad principal la venta al por mayor de cereales, oleaginosas y forrajeras, excepto semillas, "por lo que resulta sujeto pasivo del IVA".
Sin embargo, las compras efectuadas correspondían a ocho proveedores incluidos en la base de contribuyentes no confiables (APOC), descritos como "usinas sin capacidad operativa, económica y/o financiera".
Para arribar al veredicto, el juez tuvo por comprobada la comisión del delito de evasión tributaria agravada, prevista en el artículo 2 inciso "d" de la Ley 27430.
"La cuestión que termina verificando el organismo es que no se corresponden con la realidad. Ciertamente, estos supuestos contribuyentes -que emitieran facturas como productores de granos-, existen, pero no como tales, o carecen de la capacidad operativa y/o financiera necesaria”, sostuvo el magistrado.
Matteucci explicó que los contribuyentes no tenían la capacidad operativa o financiera necesaria, y que incluso "se encontraban inscriptos en otras categorías, entre ellas ferretería, telefonía, etc.", y consideró que la conducta de Villa estuvo dirigida a obtener una compensación en el IVA, haciendo pasar por verdaderas operaciones comerciales que no se correspondían a las facturas incluidas en las declaraciones juradas presentadas.
Prisión preventiva
A pedido de Orsetti,y en función del artículo 309 del Código Procesal Penal Federal (CPPF), que establece que cuando recayere condena a una pena de prisión de cumplimiento efectivo respecto de un imputado que no estuviere en prisión preventiva -como en este caso-, se debe adoptar una o varias medidas de coerción a los fines de asegurar el cumplimiento de la condena, el juez también dispuso la prisión preventiva para Villa.
Para dictar la medida, el magistrado también tuvo en cuenta la residencia del condenado en zona de frontera, que se le constataron 70 movimientos migratorios -entre ellos algunos irregulares- y que de algunas testimoniales surgió que Villa se encontraba trabajando en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, sin conocer desde ni hasta cuándo.
Al dictar la medida, el juez dispuso el alojamiento provisorio del empresario agropecuario condenado en el Escuadrón 52 de Tartagal de la Gendarmería Nacional, y la gestión para su ingreso en alguna unidad del Servicio Penitenciario Federal.