PolicialesEl viaje más caro de la vida
La justicia salteña elevó a juicio dos causas por estafas millonarias, ambas vinculadas al rubro turismo. Daniela Aibar, junto a su empresa de viajes que posee su nombre, llegará a juicio acusada de estafas reiteradas en 15 hechos, todo en concurso real. El monto global estimado por las estafas asciende a más de 20 millones de pesos. El otro caso tiene a las hermanas Ana Inés y María Carlota Maigua, acusadas de 181 estafas, en concurso real, a través de su agencia Siddartha Viajes.
El Juzgado de Garantías de Salta resolvió elevar a juicio la causa seguida contra Daniela Aibar, acusada por la Fiscalía Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, a cargo de la doctora Ana Inés Salinas Odorisio, conforme a los artículos 55 y 172 del Código Penal.
La resolución fue dictada el 30 de julio de 2025, en el marco del expediente GAR 205146/25, caratulado “Aibar, Daniela por estafa en perjuicio de Núñez, Sonia del Carmen y otros”, al que tuvo acceso Gente de Salta. La causa será remitida al Tribunal de Juicio que resulte sorteado por la Mesa Distribuidora Penal, mientras que la imputada continuará cumpliendo arresto domiciliario.
Por la época del año, todo hace suponer que la fecha para el juicio contra Aibar será para el 2026.
Según el requerimiento fiscal, Aibar habría ofrecido paquetes turísticos a distintos destinos internacionales –principalmente Cuba, México y Costa Rica– mediante una empresa de viajes que llevaba su nombre. La investigación sostiene que la acusada simulaba solvencia y experiencia en el rubro turístico, aprovechando la confianza generada con clientes que ya habían contratado viajes anteriores sin inconvenientes.
Las denuncias relatan que las personas afectadas abonaron importantes sumas en pesos y dólares para la compra de pasajes, hospedajes y paquetes “all inclusive”, que nunca se concretaron. En la mayoría de los casos, Aibar habría emitido recibos, solicitado copias de documentos y prometido la entrega de vouchers de viaje pocos días antes de la fecha de salida.
Las sumas estimadas, por pasajero, iban desde los 850.000 pesos o unos 1.400 dólares, dependiendo del paquete turístico y el lugar a visitar. En ese sentido hubo pedidos de grupos familiares de tres o cuatro personas, y un total de estafas de 15 hechos.
El expediente reúne respuestas de entidades bancarias, comprobantes de pagos con tarjetas de crédito, informes del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, y documentación que vincula a la imputada con la organización de los viajes promocionados.
La Fiscalía consideró acreditado que Aibar “indujo al error” a los denunciantes, haciéndoles creer que los servicios estaban contratados, cuando en realidad no existían reservas ni pagos efectuados a las agencias o aerolíneas involucradas.
La defensa de Aibar, representada por el doctor Luis Fernando Díaz Zabalaga, fue notificada del requerimiento y no formuló oposición al pedido de elevación a juicio.
Con esta decisión, el tribunal de juicio deberá determinar la responsabilidad penal de la imputada por los 15 hechos acumulados, en los que se investiga un presunto perjuicio económico millonario a distintos clientes.
Las hermanas Maigua, también al banquillo
En el caso de las hermanas Maigua, la acusación asciende a 175 estafas, a través de su presunta empresa de viajes Siddartha Viajes, también en concurso real, con lo cual el monto dinerario es sumamente superior a la causa precedente.
De acuerdo a lo informado en su momento por el Ministerio Fiscal en esta causa de los más de 900 millones de pesos ingresados por las hermanas Maigua, $140 millones y más de USD 460 mil provinieron de damnificados cuyas prestaciones nunca se concretaron. Además, unos 320 millones de pesos fueron desviados a actividades ajenas al sector turístico y los viajes ofrecidos ni siquiera fueron contratados con proveedores.
Desde la Fiscalía sostienen que las acusadas actuaron desde el inicio con la intención de no cumplir con los servicios ofrecidos, simulando operaciones para obtener un beneficio económico indebido a costa de los damnificados.
La acusación se respalda en una abrumadora cantidad de pruebas secuestradas durante los allanamientos, entre ellas cuadernos, fichas, pasaportes, recibos y material publicitario.