PolicialesExinspector de la Policía Federal
El Tribunal Oral Federal 2 de Salta condenó a prisión perpetua al represor y exinspector de la Delegación Salta de la Policía Federal Argentina (PFA) Juan Carlos Alzugaray por los homicidios de los militantes políticos René Esteban Locascio Terán y Ramón Antonio Díaz Romero, cometidos el 20 de abril de 1975 durante un allanamiento ilegal en la localidad salteña de San Lorenzo.
El tribunal, integrado por la jueza Gabriela Catalano y los jueces Diego Matteucci y Abelardo Basbús, consideró a Alzugaray coautor funcional del delito de homicidio agravado por alevosía y por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas. Además, calificó los hechos como delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. El condenado continuará cumpliendo prisión domiciliaria. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 30 de julio.
El fallo fue en línea con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Durante su alegato, el fiscal general Carlos Martín Amad y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila habían pedido la pena máxima y sostuvieron que el procedimiento fue una emboscada planificada para ejecutar a las víctimas y simular posteriormente un enfrentamiento armado.
Los ejecutaron mientras dormían
Durante el debate quedó acreditado que la vivienda de la calle Lugones, en San Lorenzo, se encontraba vigilada antes de la llegada de las víctimas y que el objetivo del procedimiento no era detenerlas sino ejecutarlas para luego simular los fusilamientos como un enfrentamiento entre fuerzas policiales y guerrilleros.
El 26 de junio pasado, al exponer en su alegato, Amad sostuvo que la prueba reunida desmentía la versión oficial y que "todo fue una operación mascarada para matarlos".
"La evidencia demuestra que las víctimas no hicieron un solo disparo. Tampoco utilizaron la granada que llevaban consigo. Si realmente hubiera existido un enfrentamiento, lo esperable habría sido que intentaran defenderse, pero eso nunca ocurrió", explicó el representante del Ministerio Público Fiscal.
"Las víctimas no se defendieron porque no tuvieron oportunidad de hacerlo. Los ejecutaron cuando dormían", sostuvo el fiscal.
La fiscalía reconstruyó que, tras un atentado cometido días antes en Jujuy contra un directivo de la empresa Ledesma, las fuerzas de seguridad identificaron a las víctimas como integrantes de la organización Montoneros y montaron el operativo que culminó con sus asesinatos.
Testimonios clave
El juicio había comenzado el 10 de junio último. Entre los testimonios más relevantes, la propietaria de la vivienda donde ocurrió el doble homicidio relató las torturas y amenazas que sufrió tras su detención.
Alicia Fernández Nowel, fue arrestada junto a María Amarú Luque, el día anterior a los homicidios, cuando se encontraba en el Hotel Provincial de Salta, desde donde tenía previsto viajar con su hija de 3 años y su hijo de más de un año, que fueron abandonados por los efectivos en el hotel.
La testigo recordó que, tras su detención ilegal, la trasladaron a la sede de la Policía Federal, donde fue interrogada y sufrió maltratos, y que luego la llevaron a su casa en San Lorenzo, donde vivía con su marido Antonio Arrué, quien permanece desaparecido.
Sobre ese episodio, Fernández Nowel relató que le llamó la atención el aspecto del comedor, con las sillas en ronda, vasos y alguna bebida, como si hubieran estado reunidos alrededor de la mesa, tomando algo. En tanto, señaló que, en el suelo, vio a dos personas muertas.
“Me preguntaban a mí quiénes eran y si uno de ellos era mi marido. Yo no los conocía, no sabía quiénes eran. Levantaban el cuerpo muerto y me lo ponían pegado a mi cara”, recordó la testigo, quien fue víctima de golpes y otros graves tormentos.
Entre ellos, reveló que en un momento la llevaron a lo que había sido su dormitorio, la pusieron contra la pared y le empezaron “a tirar tiros todo alrededor”. Todo ello con la intención de que reconociera a los jóvenes asesinados, “si no, me iban a matar”, contó.