PolicialesMaltrato infantil
La Fiscalía que investiga el caso de la beba de ocho meses que desde hace más de 20 días permanece internada en el Hospital Público Materno Infantil (HPMI), en la ciudad de Salta, con un cuadro grave que incluye daños neurológicos, solicitó estudios psicológicos y la prisión preventiva de los padres, ambos de 25 años e imputados por lesiones graves, con el fin de garantizar la protección de la menor y el cumplimiento del proceso judicial.
La auxiliar fiscal Virginia Bortoloto, por directivas del fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Federico Gabriel Portal, solicitó la prisión preventiva de los padres de la pequeña, quien se encuentra hospitalizada desde el 5 de marzo, cuando ingresó con un cuadro convulsivo y compromiso neurológico, lo que motivó su inmediata internación en la terapia intensiva pediátrica, en el marco de la investigación por posibles hechos de maltrato infantil.
La información fue proporcionada este jueves, desde el Ministerio Público, que precisó que la imputada, de 25 años y domiciliada en Villa Lavalle, está acusada del delito de lesiones graves agravadas por el vínculo, mientras que su pareja, también de 25 años y que vive en la misma casa, está imputado por lesiones graves agravadas por el vínculo y coacción, en concurso real.
Diversos elementos de convicción reunidos durante la investigación, entre los que se incluyen denuncias policiales y testimoniales de familiares y profesionales de la salud, informes médicos y tomográficos que evidencian hematomas en la mejilla y el cuello, hematomas subgaleales en la región occipital, fractura del hueso occipital y hemorragia retiniana, fueron los principales fundamentos de la solicitud de prisión preventiva.
Además, la historia clínica de la menor documenta internaciones previas y seguimiento por problemas neurológicos, mientras que los informes de trabajo social y médico-legales respaldan la sospecha de maltrato infantil.
Extrema vulnerabilidad de la víctima
La menor permanece hospitalizada en estado grave, recibiendo asistencia médica especializada, y la fiscalía destacó la extrema vulnerabilidad de la víctima y la necesidad de protegerla de posibles riesgos adicionales.
Ante la gravedad de los hechos y el vínculo directo de los imputados con la menor, la Fiscalía solicitó también la realización de un examen psicológico a ambos progenitores por parte del Departamento de Psicología del Poder Judicial, con el objetivo de evaluar su personalidad, peligrosidad, factores que predisponen a la violencia y capacidad de comprensión de los hechos.
La auxiliar fiscal Bortoloto solicitó al Juez de Garantías 2 que haga lugar a la medida cautelar de prisión preventiva para ambos progenitores, considerándola una acción excepcional, proporcional e instrumental para garantizar la protección de la menor y el cumplimiento del proceso judicial.
La intervención de la Fiscalía se inició a partir de la denuncia formulada por una profesional de la salud del nosocomio, quien advirtió la gravedad del cuadro clínico y la posible incompatibilidad entre las lesiones detectadas y las explicaciones brindadas por los progenitores.
Los estudios médicos realizados a la niña evidenciaron lesiones de distinta data, entre ellas traumatismos a nivel craneal, hematomas en diversas partes del cuerpo y signos compatibles con mecanismos de agresión.
En ese marco, la investigación incluyó la intervención del equipo interdisciplinario, cuyos informes dieron cuenta de contradicciones en los relatos de los imputados, tanto en relación a la mecánica de las lesiones como a las condiciones de cuidado y permanencia de la niña.
Asimismo, el hombre fue imputado de manera provisional por el delito de coacción, en perjuicio de su madre, en una actuación acumulada, ya que se las investigaciones se desprende que habría ejercido presiones e intimidaciones en un contexto de violencia familiar, circunstancia que fue especialmente valorada por la Fiscalía al analizar el riesgo de entorpecimiento del proceso.