PolicialesUtilizaban bebés para evadir controles
Una compleja investigación llevada adelante durante 1 año y 10 meses permitió desarticular una organización delictiva dedicada al tráfico de cocaína que operaba entre Salta, Tucumán y Santa Fe, utilizando una modalidad poco común: ocultaban la droga dentro de los tanques de combustible de distintos vehículos.
Los procedimientos, realizados en junio de 2024 y agosto de 2025, derivaron en el secuestro de 34 kilos 417 gramos de cocaína y la detención de siete integrantes de la banda, entre ellos un eslabón clave de la estructura criminal.
Según informaron fuentes de la investigación, la organización adquiría tanto la droga como mercadería de contrabando en zonas fronterizas del norte salteño, principalmente en Aguas Blancas y Salvador Mazza. Desde allí, los cargamentos eran trasladados hacia Tucumán, desde donde partían hacia distintos puntos del país.
Uno de los aspectos más llamativos del modus operandi era la utilización de mujeres que viajaban con bebés, una maniobra destinada a evitar controles exhaustivos en rutas. Además, contaban con vehículos “punteros” que alertaban sobre la presencia de fuerzas de seguridad.
En el avance de las pesquisas, el pasado 11 de abril, efectivos del Centro de Operaciones Antidrogas “Tucumán” lograron identificar nueve inmuebles vinculados a la organización, ubicados en Rosario y Tucumán. En esos operativos se detuvo a otro integrante, elevando a ocho el número total de arrestados.
Durante los allanamientos, los gendarmes incautaron más de 2,1 millones de pesos, dinero en moneda extranjera, seis vehículos, un tanque de combustible utilizado para ocultar la droga, documentación vehicular, un envoltorio con cocaína, balanzas de precisión, 17 teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.
De acuerdo a los investigadores, los miembros de la banda son de nacionalidad boliviana con residencia en Argentina, principalmente en la provincia de Tucumán, y no descartan seguir atrapando sospechosos.
La causa se encuentra bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, con intervención del Juzgado Federal de Salta y Santa Fe, y contó con la coordinación de la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA y el apoyo de distintas unidades de Gendarmería Nacional.