Dos kilos y medio en sus panzas
El Juzgado Federal de Garantías de Rafaela condenó a dos ciudadanos bolivianos que recibieron 4 años de prisión efectiva. Cada uno llevaba más de un kilo de cocaína por “ingesta de cápsulas” provenientes de la ciudad salteña de Orán.
Fueron detenidos el 2 de diciembre de 2025. Viajaban como pasajeros en un micro de larga distancia. Gendarmería Nacional los interceptó en la ciudad santafesina de Ceres.
Audiencia y acuerdo
La sentencia rechazó un pedido de expulsión anticipada. Se dictó tras la “homologación” (validación por el juez) de dos acuerdos plenos, uno por imputado. Los presentó la Unidad Fiscal Descentralizada Rafaela, a cargo del fiscal federal Jorge Gustavo Onel, con el fiscal coadyuvante Federico Grimm.
En audiencia ante el juez Aurelio Cuello Murúa, fueron condenados Sirilo Quispe Carmona (27) y Abel Rocha Risco (28). Se los declaró coautores (participaron juntos) del delito de transporte de estupefacientes, art. 5, inc. c, Ley 23.737. Además de la prisión, se impuso multa, costas procesales (gastos del proceso) y la destrucción de la droga incautada.
Ambos aceptaron los hechos, la calificación legal y la pena. Esto agiliza el proceso y evita el juicio oral.
Reincidencia
Respecto de Rocha Risco, el juez lo declaró reincidente (tiene condena previa firme). Esa condena fue dictada en Brasil en abril de 2025. Fue por un hecho idéntico: ingreso de droga por ingesta.
Pedido de expulsión anticipada y rechazo
La defensa pidió la expulsión inmediata de ambos hacia Bolivia. Alegó razones humanitarias y de vulnerabilidad. Solicitó no esperar el plazo del art. 64 de la Ley de Migraciones (Ley 25.871).
Fundamentó el pedido en fallos que lo permiten antes de la mitad de la pena. También citó una resolución de la Dirección Nacional de Migraciones (abril de 2026) que declaró su permanencia irregular y ordenó la expulsión.
El fiscal Onel se opuso. Indicó que el tema debe tratarlo el juez de ejecución tras la sentencia firme, según art. 57, inc. c, del Código Procesal Penal Federal (CPPF). “Juez de ejecución” es quien controla cómo se cumple la pena.
- No se cumplían los requisitos de la Ley 25.871 (Migraciones).
- El art. 64 supedita la expulsión a la progresividad de la pena de la Ley 24.660, que suele habilitarse al cumplir la mitad de la condena.
- Una expulsión inmediata daría un “mensaje negativo” y vaciaría de sentido la pena en delitos graves como el narcotráfico.
- Se invocó la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes (Ley 24.072), que exige sanciones proporcionales y eficacia en la detección.
- Interés estatal en que la condena de 4 años se cumpla en Argentina.
El juez aceptó la oposición fiscal. Rechazó el pedido por un impedimento procesal en esa etapa. Indicó que el tema podrá evaluarse luego, en la ejecución de la pena. Se mantiene el rechazo a la expulsión anticipada.
El caso
El 2 de diciembre de 2025, personal de la Sección Seguridad Vial Ceres de Gendarmería Nacional detuvo un micro. Fue en el km 387 de la Ruta Nacional 34. El micro había partido de San Ramón de la Nueva Orán (Salta) hacia un tour de compras en la Ciudad de Buenos Aires.
La inspección exterior no arrojó alertas. El can detector “Sasha” marcó el bolso de Quispe Carmona y una mano de Rocha Risco. Trasladaron el procedimiento a la base de Gendarmería. Los pasajeros dijeron sentirse mal y admitieron la ingesta de cápsulas con cocaína. Foto: Gendarmería Nacional.
La fiscalía de Rafaela ordenó el traslado al Hospital de Ceres. Las radiografías confirmaron cuerpos extraños compatibles con cápsulas. Se actuó de urgencia por el riesgo para la salud.
Drogas incautadas y estimación
- Total: 185 cápsulas de cocaína expulsadas.
- Quispe Carmona: 93 envoltorios con 1.239 g.
- Rocha Risco: 92 envoltorios con 1.212,3 g.
- Pesaje total: 2.451,3 g (casi dos kilos y medio).
- Pureza promedio: 85,17%.
- Según la fiscalía, esa cantidad permitiría más de 20.000 dosis.