La Defensoría del Pueblo de Casación de la provincia de Buenos Aires solicitó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la nulidad de la condena dictada contra Lucas Pertossi, uno de los ocho rugbiers sentenciados por el crimen de Fernando Báez Sosa.
Pertossi fue condenado a 15 años de prisión como partícipe necesario del homicidio, junto a Blas Cinalli y Ayrton Viollaz. En tanto, Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi recibieron la pena de prisión perpetua por ser considerados coautores del delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves.

La presentación fue realizada bajo la modalidad in pauperis por el abogado Ignacio Nolfi, quien cuestionó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires de rechazar el recurso extraordinario federal que había sido impulsado previamente por el defensor Hugo Tomei.
En el escrito presentado ante el máximo tribunal, se solicitó la realización de un nuevo juicio oral y público, con la garantía de una defensa técnica independiente y diferenciada para el imputado. La estrategia apunta a revisar la responsabilidad penal atribuida a Pertossi y a analizar si durante el proceso se respetaron plenamente las garantías constitucionales.
El caso por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell, continúa generando repercusiones judiciales y mediáticas. La intervención de la Corte Suprema podría marcar un nuevo capítulo en una causa que conmocionó al país y que se convirtió en un símbolo del debate sobre violencia grupal y responsabilidad penal juvenil en Argentina.
Qué dice el abogado de la familia Báez Sosa
El abogado de la familia de Fernando Báez Sosa aclaró que lo que está en trámite son quejas ya rechazadas. Aseguró que las condenas “han gozado de mucha contundencia jurídica” y que es “muy difícil” que cambie el escenario.
En medio de versiones sobre un supuesto pedido de nulidad de la condena de Lucas Pertossi por el crimen de Fernando Báez Sosa, el abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, salió a aclarar la situación procesal y fue tajante: “Es una triquiñuela técnica para mejorar su situación procesal”.

El letrado explicó en Telenoche (eltrece) que no existe un nuevo recurso de nulidad presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como se había interpretado, sino que lo que ocurrió fue la acumulación de distintas quejas vinculadas a recursos extraordinarios federales que ya habían sido rechazados en instancias anteriores.
“Se mal informó respecto de que había interpuesto un recurso de nulidad ante la Corte, cosa que es imposible porque no está previsto en nuestro Código de Procedimiento”, afirmó Burlando. Y detalló: “Lo que sucedió es que se juntaron las quejas frente a recursos extraordinarios federales que fueron previamente denegados. Nada más que eso”.
El planteo de la defensa de Pertossi, condenado a 15 años de prisión, había generado repercusión porque sostenía que durante el juicio no se respetaron sus garantías constitucionales y que existió un “grave conflicto de intereses” al haber sido representado por el mismo abogado que el resto de los acusados. Según ese argumento, no se habrían atendido “las notorias diferencias” en el grado de participación de cada imputado.
Sin embargo, Burlando relativizó el impacto de esa estrategia. “Si me preguntás a mí, creo que no va a cambiar nada. Todas las decisiones han gozado de mucha contundencia jurídica”, sostuvo. Y agregó que el recorrido procesal está prácticamente agotado: “Queda muy poco para llegar al final. El recurso extraordinario federal fue denegado y lo que quedan son las quejas. La Corte tendría que decidir si abre la posibilidad de tratar esos recursos o no. Rara vez sucede eso”.
El abogado también recordó que uno de los condenados, Matías Benicelli, ya tiene sentencia firme. “Es cosa juzgada”, remarcó, y explicó que en el caso de los demás, los intentos recursivos ya atravesaron distintas instancias, incluyendo el Tribunal de Casación bonaerense y la Suprema Corte provincial.

Respecto del cuestionamiento a la defensa conjunta que encabezó Hugo Tomei durante el juicio, Burlando señaló que fue una decisión tomada por los propios imputados y sus familias. “Son personas mayores, capaces. Eligieron definir una estrategia de defensa. Funcionaron en manada en el hecho y luego en tribunales también funcionaron de la misma manera”, expresó.
Incluso reveló que al inicio del juicio oral él mismo advirtió al tribunal sobre un posible conflicto de intereses. “Yo planteé que podía encontrarse una situación de divergencia de intereses. Pero ellos, aun frente a ese planteo, siguieron con la misma actitud”, indicó.
Para Burlando, el actual movimiento defensivo no es más que un intento final por revertir un escenario adverso. “Son cuestiones que ya a esta altura son muy difíciles de revertir. Ya hubo muchos funcionarios que decidieron y se trata, en gran parte, de cuestiones de hecho que la Corte ni siquiera suele revisar”, explicó.
Consultado sobre la posibilidad de que alguno de los condenados pueda recuperar la libertad en un plazo relativamente corto, el abogado fue categórico: “Personalmente creo que en diez años no deberían irse ni siquiera los condenados a 15 años. El delito que se les imputa es un homicidio calificado y ni siquiera habilita la posibilidad de libertad condicional”.
A más de seis años del ataque ocurrido a la salida de un boliche en Villa Gesell, que terminó con la muerte de Fernando Báez Sosa, la causa continúa generando movimientos judiciales. No obstante, según la mirada de la querella, el margen para modificar las condenas es cada vez más estrecho y el proceso se encamina hacia su cierre definitivo.
