Villa Las Rosas: Afirman que el fallo “pone en peligro a todos los ciudadanos”
La hermana de Marcos Matías Bucotich, exagente del Servicio Penitenciario, aseguró que su familiar fue condenado injustamente y alerta sobre la resolución del Tribunal de la Sala VII.
Hermana de Marcos Matías Bucotich (Foto: Javier Corbalán)
El reciente fallo del Tribunal de Juicio de la Sala VII desató una fuerte polémica. El cuerpo colegiado integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Araníbar (interino) dictó sentencia contra los responsables de una organización narcocriminal que operaba dentro de la Unidad Carcelaria 1 de Salta, imponiendo penas de entre cuatro años y diez años y medio de prisión a los funcionarios penitenciarios involucrados, y de uno a nueve años y medio para los internos y familiares implicados.
En total, 20 personas fueron llevadas a juicio, y 17 resultaron condenadas por delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes agravada, asociación ilícita y exacciones ilegales.
Uno de los condenados fue Marcos Matías Bucotich García, exfuncionario del Servicio Penitenciario, quien recibió seis años de prisión efectiva al ser considerado coautor del delito de comercialización de drogas agravada por haberse cometido en un lugar de detención y por funcionarios de la guarda de presos, además de exacciones ilegales agravadas y asociación ilícita.
“Condenaron sin pruebas”
Tras conocerse la sentencia, su hermana —que además integra su defensa— habló con Gente de Salta y cuestionó duramente la resolución judicial:
“Quiero que quede claro que mi hermano es inocente. Ha sido condenado a seis años de prisión, pero no hay una sola prueba que lo vincule con ningún delito. No tiene transferencias con presos ni familiares, ninguna comunicación, ninguna foto ni video. Los allanamientos fueron negativos, no le encontraron nada en el trabajo. Si el Estado es capaz de condenar sin pruebas, estamos todos en peligro”.
La mujer, que ejerce como co-defensora junto a su esposo, sostuvo que durante todo el proceso la familia fue marginada:
“No pude ni hablar con él ni acompañarlo en el peor momento de su vida. Nos dejaron afuera de la sala, a puertas cerradas y custodiados. ¿Somos delincuentes o una clase inferior de personas para ser tratados así?”, denunció.
“Es un circo judicial”
Para la defensa, el único elemento que se utilizó para incriminar a Bucotich es una conversación con un compañero de trabajo donde, según explicó su hermana, “le piden que lleve mercadería para hacer empanadas”.
“Esa es toda la prueba. Dos presos lo señalan por rumores, pero otro declaró que era el único que no tenía nada que ver. Entonces, ¿la justicia es selectiva? ¿Cuándo le creemos a los presos, cuando incriminan o cuando exoneran?”, planteó.
La mujer también recordó el caso de Santos Clemente Vera, absuelto tras pasar más de diez años en prisión por el doble crimen de las turistas francesas, para advertir sobre los riesgos de una justicia que condena sin pruebas: “No aprendieron del caso Vera. Han roto el principio básico del derecho. No pueden llevar a un inocente preso.”
Finalmente, anticipó que apelará el fallo: “Vamos a casar la sentencia. No lo vamos a abandonar. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, hasta donde haya que llegar”.
Un fallo histórico y cuestionado
El juicio contra la organización que operaba desde la cárcel salteña fue uno de los procesos más extensos y complejos de los últimos años. Para el Tribunal, quedó acreditado que funcionarios penitenciarios, reclusos y familiares de éstos articulaban maniobras de tráfico de drogas y cobro ilegal a internos, utilizando sus cargos para facilitar los delitos.
Sin embargo, las críticas de familiares y defensores como los de Bucotich reabren el debate sobre la solidez de las pruebas, el debido proceso y el rol del Estado en la persecución penal.
