En el corazón de la investigación por el triple homicidio de Florencio Varela, una pieza tecnológica emerge como protagonista silenciosa: Zangi, una aplicación de mensajería con cifrado militar, desconocida para la mayoría, pero cada vez más presente en los márgenes del crimen organizado.
Desarrollada en Armenia en 2013, Zangi fue concebida como una plataforma de comunicación segura, sin almacenamiento en la nube, sin registros de usuario, y con una arquitectura que privilegia el anonimato extremo. Hoy, esa misma estructura se ha convertido en un obstáculo casi insalvable para los investigadores judiciales.

Según fuentes cercanas al caso, el principal acusado conocido como “Pequeño J” habría utilizado Zangi para transmitir en vivo el asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, ocurrido el viernes 19 de septiembre. La posibilidad de que exista un video del crimen, alojado únicamente en dispositivos privados, ha encendido alarmas en los tribunales y en el debate público.

“Zangi no deja huellas”, explicó el especialista en ciberseguridad Ariel Corgatelli en LN+. A diferencia de WhatsApp o Telegram, esta aplicación no almacena datos en servidores. Toda la información mensajes, llamadas, archivos viaja directamente de dispositivo a dispositivo. Si el usuario no configura manualmente el guardado de contenido, no hay rastro alguno.
Además, Zangi permite iniciar chats sin necesidad de crear una cuenta, sin correo electrónico, sin número de teléfono. Basta con abrir la app y compartir un enlace. Para los investigadores, esto representa una pesadilla: sin metadatos, sin registros, sin posibilidad de rastreo.
El dilema ético de la era digital
La presunta transmisión del crimen en tiempo real ha desatado una discusión más profunda: ¿quién es responsable cuando la tecnología permite la difusión de actos atroces?
El experto en tecnología Joan Cwaik advierte sobre una responsabilidad compartida. Por un lado, los espectadores que pudieron haber presenciado el hecho sin denunciarlo. Por otro, las plataformas que, en nombre de la privacidad, habilitan canales de comunicación imposibles de auditar.