PolíticaPor qué la provincia no es ajena al primer caso de corrupción del kirchnerismo
A veinte años de la apertura de la investigación judicial que se convirtió en el primer gran caso de corrupción vinculado al kirchnerismo, el Tribunal Oral Federal N°4 escuchó las últimas palabras de varios de los acusados del caso Skanska, entre ellos el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López.
La audiencia final fue fijada para el próximo 13 de julio, fecha en la que los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñíguez escucharán a los imputados restantes y darán a conocer el veredicto en uno de los expedientes más antiguos relacionados con presuntas irregularidades en la obra pública nacional.
Julio De Vido participó de la audiencia de manera remota desde su domicilio de Zárate, donde cumple prisión domiciliaria por la condena dictada en la causa de la Tragedia de Once. Durante sus últimas palabras, agradeció al tribunal la posibilidad de declarar por videoconferencia y recordó el problema cardíaco que sufrió semanas atrás.
José López, por su parte, también apeló a cuestiones personales y de salud. El exsecretario de Obras Públicas, actualmente condenado a 13 años de prisión por las causas Vialidad, enriquecimiento ilícito por los bolsos con nueve millones de dólares y tenencia ilegal de arma, agradeció el trato recibido durante el juicio y mencionó las dificultades físicas y psicológicas que atravesó durante los últimos años.
La situación de López adquirió una dimensión particular durante los últimos meses. Su defensa oficial incluso planteó ante otro tribunal oral que el exfuncionario no se encontraría en condiciones mentales de afrontar el juicio de los Cuadernos de las Coimas, argumentando un progresivo deterioro de sus capacidades de comprensión, comunicación y defensa.
Ninguno de los dos exfuncionarios realizó una defensa política del kirchnerismo ni profundizó sobre el mecanismo investigado en Skanska. Ambos concentraron sus intervenciones en el impacto personal y sanitario que tuvo sobre ellos un proceso judicial que se extiende desde hace casi dos décadas.
El primer gran escándalo de corrupción del kirchnerismo
La causa Skanska se inició en 2006 y es considerada el primer expediente de corrupción que involucró directamente a funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner.
La investigación, impulsada inicialmente por el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli, intentó determinar si existió un esquema de pago de sobornos a funcionarios públicos para direccionar las licitaciones correspondientes a la ampliación de los gasoductos de Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS).
Según la acusación sostenida por los fiscales Abel Córdoba y Joaquín Gaset, los concursos fueron direccionados mediante la utilización injustificada de licitaciones privadas, mientras que la empresa sueca Skanska habría efectuado pagos ilegales a través de facturación apócrifa y empresas intermediarias.
"De Vido, López y Néstor Ulloa actuaron de manera conjunta y coordinada en ambos proyectos y garantizaron que las mismas empresas obtuvieran las obras. Direccionaron los concursos y escogieron la modalidad de concursos privados de manera injustificada", sostuvo el fiscal Gaset durante sus alegatos.
Por estos hechos, la fiscalía solicitó cinco años de prisión para De Vido, López y el exgerente general de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los procesamientos -en la causa que tuvo como fiscal a Carlos Stornelli- recayeron sobre el exsecretario de Energía Daniel Cameron; el extitular del Enargas, Fulvio Madaro y los exfuncionarios del ente Osvaldo Pitrau, Daniel Muñoz y Alicia Federico. La lista de procesados también incluyó a los representantes de la empresa TGS (Transportadora de Gas del Sur) Pablo Ferrero y Jorge García; el directivo de Skanska, Daniel Zinna y los titulares de la cuenta comitente que negociaban los cheques librados por Skanska, Horacio Héctor Tosí y Osvaldo Díaz.El impacto en el norte argentino
Las obras investigadas no eran proyectos menores. La ampliación de los sistemas de Transporte Gas del Norte y Transporte Gas del Sur fue presentada durante el gobierno de Néstor Kirchner como una iniciativa estratégica destinada a enfrentar la crisis energética que atravesaba el país y garantizar el abastecimiento de gas natural a distintas regiones.
En el caso del Gasoducto del Norte, las obras tenían especial relevancia para provincias del NOA, entre ellas Salta y Jujuy, donde la expansión de la infraestructura energética era considerada fundamental para el desarrollo industrial, productivo y residencial.
La defensa de varios imputados sostuvo durante el juicio que el sistema de contratación cuestionado respondió precisamente al contexto de emergencia energética que atravesaba el país y negó que existiera direccionamiento o pago de sobornos.
Uno de los acusados, el exdirectivo de Skanska Héctor Obregón, aseguró durante sus últimas palabras que ni siquiera participó en las negociaciones investigadas, ya que se encontraba apartado de las funciones operativas tras haber atravesado una grave intervención quirúrgica antes del inicio de las obras.
Un expediente que atravesó dos décadas
La causa Skanska tuvo un recorrido judicial accidentado. En 2011, todos los imputados fueron sobreseídos después de que la Cámara Federal declarara nulas las grabaciones en las que directivos de la empresa sueca admitían el pago de sobornos.
Sin embargo, en 2016, la Cámara Federal de Casación Penal revirtió esa decisión, validó nuevamente las pruebas y permitió la reapertura del expediente, que finalmente llegó a juicio oral.
Actualmente, el proceso involucra a 30 imputados entre exfuncionarios y empresarios. La fiscalía pidió la absolución de 17 acusados al considerar que no logró acreditarse su participación en los hechos investigados, mientras que las defensas solicitaron la absolución total.
Veinte años después del inicio del escándalo que inauguró las investigaciones por corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas, el Tribunal Oral Federal N°4 deberá resolver si las pruebas reunidas alcanzan para condenar a quienes fueron algunos de los funcionarios más poderosos del Estado argentino.
El vínculo de Ulloa con Skanska
Néstor Ulloa fue una pieza central en la estructura financiera de las obras investigadas en el caso Skanska. Se desempeñaba como gerente general de Nación Fideicomisos S.A., la sociedad del Banco Nación que administraba los fondos fiduciarios creados para financiar la ampliación de los gasoductos Norte y Sur durante el gobierno de Néstor Kirchner.
La acusación de la fiscalía sostiene que Ulloa no era un funcionario secundario, sino uno de los responsables de aprobar y canalizar los mecanismos de contratación cuestionados. Junto a Julio De Vido y José López, está acusado de los delitos de administración fraudulenta y cohecho, bajo la hipótesis de que participaron en un esquema coordinado para direccionar las obras y facilitar el pago de sobornos.
El Gasoducto Norte: una obra estratégica que dos décadas después sigue en transformación
La causa Skanska tuvo como eje la ampliación del sistema de Transportadora Gas del Norte (TGN), una infraestructura estratégica para el abastecimiento energético del NOA, especialmente para provincias como Salta y Jujuy. El objetivo original era responder a la crisis energética de mediados de los años 2000 y garantizar el suministro de gas natural para hogares, industrias y centrales térmicas.
Sin embargo, el sistema enfrentó nuevos desafíos estructurales con el paso del tiempo. Durante décadas, el Gasoducto Norte dependió del ingreso de gas desde Bolivia, pero la caída de la producción boliviana y la reducción de las exportaciones hacia Argentina obligaron a replantear completamente su funcionamiento.
Salta y Jujuy, en el centro de la discusión energética y una reconversión que espera completarse
Actualmente, el Gasoducto Norte atraviesa un proceso de reversión de flujo, una obra considerada una de las más importantes del sistema energético argentino en los últimos años. El proyecto busca reemplazar el gas boliviano por producción proveniente de Vaca Muerta, llevando el recurso desde el centro del país hacia el norte argentino.
La obra contempla:
- La construcción de nuevos tramos de gasoductos entre La Carlota y Tío Pujio, en Córdoba.
- La adecuación de estaciones compresoras en Ferreyra, Deán Funes, Lavalle y Lumbreras, esta última ubicada en la provincia de Salta.
- La inversión necesaria para modificar el sentido histórico de circulación del gas en la red troncal.
Aunque parte de la infraestructura fue inaugurada en 2024, la reconversión integral del sistema todavía requiere completar obras complementarias y la puesta en funcionamiento plena de las estaciones compresoras para alcanzar toda su capacidad operativa.
La paradoja histórica es que la obra cuya ampliación originó el primer gran caso de corrupción del kirchnerismo sigue siendo, veinte años después, una infraestructura crítica para el norte argentino. La reversión del Gasoducto Norte es considerada estratégica para garantizar el abastecimiento de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, además de apuntalar el desarrollo industrial y minero, particularmente el crecimiento de la industria del litio en el NOA.
Cómo funcionaba el esquema de sobornos: la "empresa espectral"
Uno de los nombres centrales del expediente fue el de Infinity Group, una firma que el juez federal Ariel Lijo llegó a definir en la causa como una "empresa espectral", debido a que, según la investigación judicial, no contaba con estructura operativa, personal ni antecedentes suficientes para justificar las millonarias prestaciones que facturaba.
La firma había sido creada por el contador Alfredo Norberto Greco y posteriormente quedó vinculada a Adrián Félix López, quien para entonces cumplía prisión en el penal de Marcos Paz por otras causas derivadas de la investigación.
De acuerdo con la acusación fiscal, la constructora sueca Skanska efectuaba pagos a Infinity Group bajo el concepto de servicios de consultoría y asesoramiento que, según sostuvieron los investigadores, nunca podrían haber sido efectivamente prestados debido a la inexistencia de capacidad operativa de la empresa.
La hipótesis acusatoria sostiene que esos fondos eran utilizados para financiar el pago de sobornos destinados a funcionarios públicos que intervenían en la adjudicación y ejecución de las obras de ampliación de los gasoductos Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS).
La fiscalía sostiene que los concursos fueron direccionados mediante el uso injustificado de licitaciones privadas y que la estructura política encargada de garantizar la ejecución del esquema estaba integrada por funcionarios del Ministerio de Planificación Federal. Dentro de esa estructura, los investigadores ubicaron a Roberto Baratta, entonces subsecretario de Coordinación y uno de los principales colaboradores de De Vido, como uno de los hombres de confianza del exministro en la gestión de la obra pública.
Uno de los elementos más resonantes del expediente fueron las grabaciones realizadas en 2005 y 2006 por el exgerente de Skanska Javier Azcárate, en las que directivos de la compañía admitían la existencia de pagos irregulares y maniobras de facturación apócrifa. Entre ellas se destacó la conversación mantenida con el auditor interno Fernando Corizzo, conocida judicialmente como el "audio Corizzo", considerada una de las principales evidencias del presunto desvío de fondos.
El escándalo tuvo consecuencias internacionales. En 2007, la casa matriz sueca de Skanska realizó una auditoría interna, despidió a seis de sus principales ejecutivos vinculados con la filial argentina y anunció su retiro de la obra pública nacional, argumentando que no podía garantizar estándares adecuados de transparencia en los procesos de contratación investigados.