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Además de las reformas: qué proyectos de ley esperan ver luz verde este 2026

Entre los “perfil bajo” figuran propuestas sobre la regulación de la inteligencia artificial, la eutanasia, la baja de la edad de imputabilidad y la regulación más del uso de redes sociales en niños y adolescentes, presentada por una diputada Salteña.

Juan Ancalle
por Juan Ancalle 27 Enero de 2026
27 Enero de 2026
Congreso de la Nación
Congreso de la Nación - (web)

Mientras el oficialismo nacional transita negociaciones para sumar apoyos en distintas provincias, a través de su ministro del Interior, Diego Santilli, la CGT también mueve fichas para reunir votos en contra de un debate que ya marca la agenda de las sesiones extraordinarias de febrero: la reforma laboral.

Además de la Modernización Laboral y la Ley de Glaciares, entre otras a tratar próximamente, el calendario legislativo de 2026 ya empieza a mostrar un segundo plano de proyectos que, si bien fueron presentados y permanecen en comisiones, aún tienen poca visibilidad pública y anticipan nuevas mesas de negociación a lo largo del año.

Entre los “perfil bajo” figuran proyectos sobre la regulación de la inteligencia artificial, la eutanasia y la muerte asistida, y la discusión por la baja de la edad de imputabilidad. A ese listado se suma una propuesta impulsada por la diputada nacional por Salta, Yolanda Vega, que plantea una regulación más estricta del uso de redes sociales y entornos digitales en niños y adolescentes.

Regulación de la inteligencia artificial

El debate sobre la inteligencia artificial ya tiene estado parlamentario en la Cámara de Diputados desde mayo de 2025, cuando ingresó un proyecto impulsado por el diputado Daniel Gollán, del bloque Unión por la Patria, con acompañamiento de legisladores vinculados a las comisiones de Ciencia y Tecnología y Legislación General. 

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La iniciativa permaneció en comisiones durante el segundo semestre del año pasado y forma parte del conjunto de leyes que, sin urgencia inmediata, siguen activas dentro del Congreso.

Daniel Gollan, autor del proyecto de ley.
Daniel Gollán, autor del proyecto de ley.

La propuesta busca establecer un marco legal para el desarrollo, implementación y uso de sistemas de inteligencia artificial, fijando responsabilidades ante posibles daños, criterios de transparencia y límites en ámbitos sensibles como el Estado, la salud, la justicia y el tratamiento de datos personales. El proyecto apunta a cubrir un vacío normativo frente a tecnologías que ya se utilizan en procesos administrativos, decisiones automatizadas y servicios públicos.

Eutanasia y muerte asistida

La regulación de la eutanasia y la muerte médicamente asistida ingresó formalmente a Diputados en octubre de 2025, a través de un proyecto presentado por Julio Cobos, diputado nacional por Mendoza y ex vicepresidente de la Nación, integrante del bloque UCR. La iniciativa fue girada a las comisiones de Salud, Derechos Humanos y Legislación Penal, donde continúa en análisis sin fecha definida de tratamiento en el recinto.

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El texto propone avanzar más allá del marco actual de la llamada “muerte digna”, habilitando bajo condiciones estrictas la intervención médica activa en casos de enfermedades irreversibles o sufrimiento extremo. 

Julio Cobos, autor del proyecto de ley.
Julio Cobos, autor del proyecto de ley.

El debate local se da en un contexto regional en movimiento: Uruguay avanzó recientemente en su Parlamento con una legislación de características similares, marcando un hito al ser uno de los primeros países de América Latina en discutir formalmente este tipo de regulación, lo que reactivó el debate también en Argentina.

Baja de la edad de imputabilidad

La discusión sobre la edad de imputabilidad volvió a tomar forma parlamentaria durante 2024 y 2025, con varios proyectos unificados en torno a un nuevo régimen penal juvenil, algunos de ellos impulsados por el Poder Ejecutivo y otros por bloques de la oposición dialoguista.

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 El tema logró dictamen en comisiones de Diputados y cuenta con respaldo de sectores vinculados a la agenda de seguridad, aunque sin consenso pleno para su llegada al recinto.

El oficialismo impulsa el proyecto de ley.
El oficialismo impulsa el proyecto de ley.

Las propuestas plantean establecer la responsabilidad penal desde los 14 años, bajo un sistema diferenciado del de los adultos, con penas específicas y dispositivos de reinserción. El eje del debate enfrenta a quienes sostienen que la baja de la edad permitiría una respuesta más eficaz frente a delitos graves, y a quienes advierten sobre el impacto social y la limitada efectividad de modificar el umbral penal sin políticas integrales de contención.

Regulación del uso de redes y entornos digitales en menores

En diciembre de 2025 ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto impulsado por la diputada nacional por Salta, Yolanda Vega, integrante del bloque Innovación Federal, que mantiene estado parlamentario y giro a las comisiones de Niñez, Familia y Comunicaciones. 

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La iniciativa se suma al debate sobre el impacto de la tecnología en la infancia, con un enfoque preventivo y regulatorio, que en los últimos tiempos tuvo su aprobación en  Australia y por el cuál, varios especialistas alertan porque su restricción gire el consumo a plataformas todavía menos reguladas.

Yolanda Vega, autora del proyecto de ley.
Yolanda Vega, autora del proyecto de ley.

El proyecto propone endurecer las condiciones de acceso de niños y adolescentes a redes sociales y plataformas digitales, estableciendo límites por edad, mecanismos de verificación y un rol más activo de los adultos responsables. El texto pone el foco en la protección de la salud mental, la exposición temprana a contenidos y el uso intensivo de pantallas, en un contexto de creciente preocupación social y educativa por el consumo digital infantil.

Aunque lejos del centro del temario inmediato, estos proyectos anticipan debates que combinan tecnología, derechos, salud y seguridad, y que volverán a tensionar el mapa político a lo largo de 2026. Con estado parlamentario vigente y apoyos transversales, su avance dependerá menos del calendario y más de la capacidad del Congreso para abrir consensos en temas que exceden la lógica económica.

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