PolíticaSin privilegios
Un proyecto de ley que busca reformar parcialmente la Constitución Provincial para suprimir la inmunidad de arresto y de proceso para legisladores y miembros del Poder Ejecutivo tomó estado parlamentario en la Cámara de Senadores de Salta.
La iniciativa, impulsada por el senador Esteban D'Andrea, busca promover la igualdad ante la ley y fortalecer la transparencia en el ejercicio de la función pública.
Se trata del expediente 90-33.906/2025, que tomó estado parlamentario durante la última sesión ordinaria de la Cámara Alta salteña y propone la modificación de los artículos 99 y 143 de la Constitución de la Provincia, eliminando los “fueros” de los que gozan actualmente los legisladores y los máximos integrantes del Poder Ejecutivo.
La propuesta plantea la convocatoria a una Convención Constituyente integrada por convencionales electos directamente por el pueblo de Salta y que tendría como única función modificar los artículos mencionados, asegurando que no se incluirán otros cambios o adiciones a la Constitución.
En tanto, la iniciativa establece que la Convención se regirá por la estructura de la Legislatura Provincial.
Fundamentos del proyecto
“El proyecto responde a un reclamo histórico de la ciudadanía salteña por mayor transparencia, equidad y la eliminación de privilegios en el ejercicio de la función pública”, detalló D’Andrea y agregó que “su objetivo es suprimir las inmunidades de arresto y de proceso para los legisladores y miembros del Poder Ejecutivo, manteniendo únicamente la inmunidad parlamentaria de los legisladores, a fin de asegurar que todos los funcionarios públicos se sometan por igual a los procesos judiciales, sin privilegios derivados de su cargo”.
Los fundamentos del proyecto se basan en la necesidad de fortalecer el principio de igualdad ante la ley.
Aunque las inmunidades fueron inicialmente pensadas para proteger la independencia de los poderes frente a persecuciones políticas, en el contexto democrático actual estas prerrogativas han sido interpretadas erróneamente como sinónimo de impunidad.
La reforma pretende corregir esta percepción y garantizar que ningún funcionario, sin importar su cargo, quede por encima de la ley.
El texto remarca que la reforma tendrá estructura austera, dado que la Convención Constituyente funcionará con la estructura y personal de la Legislatura, sin que se autoricen gastos adicionales.
Los convencionales electos desempeñarán sus funciones ad honorem y el proceso tendrá una duración de 30 días.
De esta manera, se garantiza que los recursos se concentren exclusivamente en el cumplimiento de este mandato popular, sin generar un impacto financiero extra.
D’Andrea reafirmó que la reforma enviará un mensaje claro de que “el cargo no es un escudo”, fortaleciendo la credibilidad de las instituciones y restaurando la confianza de la ciudadanía en sus representantes.