La intervención judicial del Partido Justicialista de Salta no solo alteró el tablero interno del peronismo provincial. También terminó de exponer una disputa que desde hace más de un año atraviesa al PJ salteño y que ahora escaló a un conflicto político, institucional y judicial de alcance nacional.
La decisión de la jueza federal con competencia electoral María Servini desplazó a los interventores designados por Cristina Fernández de Kirchner y colocó al frente del distrito a José Luis Napoleón Gambetta, quien tendrá la misión de reorganizar el partido y convocar a elecciones internas bajo supervisión judicial.
El fallo cayó como una bomba dentro del peronismo salteño. La Justicia entendió que la intervención partidaria aplicada por el PJ nacional desde febrero de 2025 se había extendido sin lograr una verdadera normalización institucional. Según la resolución, durante más de un año no existieron actos electorales concretos ni mecanismos verificables que permitieran devolverle el control del partido a sus afiliados.
Sin embargo, esta vez no hubo posteos del gobernador Gustavo Sáenz ni a favor ni en contra, pero otras voces se hicieron oír.
En ese contexto, la convocatoria a internas para octubre de 2026 impulsada por los entonces interventores Pablo Kosiner y Nora Cannuni fue considerada tardía e insuficiente. Para Servini, no había garantías reales de que el proceso electoral se concretara efectivamente y por eso optó por una intervención judicial directa.
Detrás de la resolución aparece una pelea política mucho más profunda. El conflicto se originó cuando el PJ nacional decidió intervenir el distrito salteño argumentando que dirigentes alineados con el gobernador Gustavo Sáenz acompañaban en el Congreso políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Desde entonces, el peronismo provincial quedó dividido entre dos sectores: uno alineado con la conducción nacional encabezada por Cristina Kirchner y otro más cercano al oficialismo provincial, que reclama autonomía respecto de Buenos Aires.
La situación llegó a un punto crítico cuando el PJ salteño no presentó candidatos propios en las elecciones provinciales de 2025, algo inédito desde el regreso de la democracia. Ese dato fue interpretado por la Justicia como una muestra de la parálisis partidaria.
Uno de los puntos más delicados del expediente apareció después del fallo. Según documentación presentada por los interventores desplazados, Esteban Amat Lacroix —quien impulsó judicialmente la causa— no figuraría afiliado al PJ Salta ni en el padrón provincial ni en el Registro Nacional de Afiliados. El dato abrió un fuerte interrogante sobre su legitimidad para accionar judicialmente en nombre del partido.
Sin embargo, la jueza igualmente lo reconoció como “autoridad desplazada”, criterio que podría terminar siendo revisado por la Cámara Nacional Electoral en caso de apelación.
La reacción de Kosiner fue inmediata y durísima. El exinterventor calificó la decisión como “una vergüenza” y denunció una intromisión de la Justicia en la vida interna de los partidos políticos. Sostuvo que el PJ ya había puesto en marcha un cronograma electoral y que el Congreso Nacional partidario previsto para el 19 de mayo iba a ratificar formalmente tanto la continuidad de la intervención como las elecciones internas del 25 de octubre.
Para Kosiner, la Justicia actuó deliberadamente antes de ese Congreso y alteró la voluntad partidaria. Su postura se apoya en la idea de que el PJ tenía capacidad para resolver el conflicto por sí mismo y que no existía acefalía ni vacío institucional que justificaran una intervención judicial.
Kosiner interpreta el fallo como parte de un clima de época donde, según sostiene, se avanza sobre las autonomías partidarias y se judicializa la política. Sin mencionarlo directamente, su discurso deja entrever sospechas sobre un posible alineamiento entre sectores judiciales y el poder político.
Esto coincide con la posición expresada por el ex presidente del partido en Salta, Juan Manuel Urtubey, quien también cuestionó duramente la intervención judicial y habló de un “desbarranco institucional” en la Argentina. Urtubey sostuvo que la Justicia se entrometió en un proceso partidario que todavía estaba dentro de los plazos previstos y denunció una utilización política del Poder Judicial.
Para el exgobernador, el trasfondo de la disputa es el intento de condicionar al peronismo como fuerza opositora. Incluso deslizó que la preocupación de fondo sería evitar que determinados sectores internos ganen las futuras elecciones partidarias.
Del otro lado aparece el sector encabezado por Amat Lacroix y defendido judicialmente por el ex apoderado del PJ, Raúl Romeo Medina. Allí sostienen exactamente lo contrario: que el PJ nacional utilizó la intervención para manejar el partido “a dedo” desde Buenos Aires, que nunca avanzó en una verdadera normalización y que demoró deliberadamente las internas.
Por eso celebraron la designación de Gambetta y reclamaron que convoque rápidamente a elecciones para que los afiliados recuperen el control del partido. Medina incluso pidió revisar el manejo financiero del PJ durante la etapa de intervención encabezada por Sergio Berni.
La figura de Gambetta, sin embargo, también genera controversia. Aunque distintos sectores reconocen su experiencia política y administrativa, su extensa trayectoria en espacios vinculados a la UCR, a Juan Carlos Romero, a Miguel Isa, a Bettina Romero y a sectores cercanos a Sáenz hace que el kirchnerismo dude de su neutralidad.
José Luis Napoleón Gambetta es abogado y dirigente político con décadas de recorrido en la función pública provincial. Proveniente de la Unión Cívica Radical, espacio que llegó a presidir en Salta, luego se integró al armado político del exgobernador Juan Carlos Romero.
A lo largo de su carrera ocupó cargos como ministro de Producción de Salta, diputado provincial, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Salta durante la gestión de Miguel Isa y funcionario durante la administración de Bettina Romero.
También fue interventor del municipio de Colonia Santa Rosa y convencional municipal por el frente Vamos Salta, espacio de Gustavo Sáenz. El historial lo remonta a un traspaso desde el radicalismo hacia el romerismo y desde allí con cargos y candidaturas a través del PJ. El gobernador salteño aún no hizo alguna referencia al respecto en sus redes, como sí lo hizo rápidamente cuando Cristina “metía la mano” en discursos y en posteos.
En el fondo, la pelea ya excede largamente una discusión jurídica sobre la validez de una intervención partidaria. Lo que está en juego es quién controlará el sello del peronismo salteño, cuál será la relación del PJ provincial con la conducción nacional y qué rol ocupará el partido frente al gobierno de Sáenz y al escenario político rumbo a 2027. La intervención judicial, lejos de cerrar la crisis, terminó profundizando la fractura interna del peronismo salteño.