Continúa el debate
El senador nacional Jorge Capitanich presentó este martes un proyecto de ley para dejar sin efecto el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei avanzó en una reforma integral de la Ley de Inteligencia.
En un comunicado, Capitanich calificó la medida como “inconstitucional, discrecional y peligrosa”, y alertó que habilita un salto hacia esquemas de “vigilancia masiva, sin controles democráticos ni debate parlamentario”.
El proyecto se apoya en varios ejes de impugnación, incluyendo un análisis del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que advierte sobre la creación de una suerte de “policía secreta” debido a las amplias atribuciones que otorga el DNU, incluso la posibilidad de detener personas sin orden judicial.
Capitanich también criticó que el decreto legalice un “espionaje antidemocrático e inconstitucional”, al expandir facultades de contrainteligencia y consolidar la lógica del “enemigo interno”. Según el senador, esto permitiría el espionaje por razones políticas, sindicales o periodísticas, prácticas expresamente prohibidas por la ley 27.126, derogada en parte por el DNU 614 de 2024.
Otro punto de cuestionamiento es la concentración de poder en la SIDE, que ahora tendría la elaboración, administración y control de todo el presupuesto de inteligencia, lo que Capitanich calificó como un esquema “opaco y discrecional que hace peligrar el control democrático”.
“El Poder Ejecutivo no puede reformar la Ley de Inteligencia por decreto”, afirmó, y remarcó que no existe la “necesidad y urgencia” que exige la Constitución para validar un DNU, ya que el Presidente podría haber presentado un proyecto de ley al Congreso.
“Este no es solo un DNU. Es la consolidación, vía decreto, de un sistema de control y vigilancia que cercena libertades, concentra poder de manera extrema y nos retrotrae a épocas que creíamos superadas. Es un golpe a la división de poderes y un salto al abismo institucional. El Congreso debe reafirmar su autoridad y derogar este instrumento inconstitucional”, cerró el senador.
Con este proyecto, Capitanich busca que la discusión sobre la Ley de Inteligencia vuelva al Parlamento y se garantice un debate con controles democráticos, en lugar de que las modificaciones se definan únicamente por decreto presidencial.