El proyecto conocido como "ley antibarras", impulsado por el Poder Ejecutivo, volvió a ser debatido esta semana en la Cámara de Diputados luego de permanecer más de un año sin avances legislativos. La iniciativa, denominada formalmente "Régimen para la prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos", busca actualizar la legislación vigente y endurecer las penas para delitos vinculados a la violencia en el deporte, especialmente en el fútbol.
La propuesta fue enviada al Congreso en 2025 y permaneció prácticamente paralizada hasta que este miércoles fue retomada en una reunión informativa de la Comisión de Legislación Penal, con la presencia de funcionarios del Ministerio de Seguridad.
¿Qué busca la ley antibarras?
Según explicó el director nacional de Normativa y Relacionamiento con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Germán Pugnaloni, la actual Ley 23.184, sancionada en 1985, resulta insuficiente para enfrentar las nuevas formas de organización delictiva vinculadas al deporte.
El proyecto parte de la premisa de que las barras bravas dejaron de ser grupos aislados de hinchas violentos para convertirse, en algunos casos, en organizaciones vinculadas a negocios ilícitos y estructuras criminales más complejas.
La iniciativa propone:
- Actualizar el régimen penal aplicable a delitos en espectáculos deportivos.
- Incorporar la responsabilidad penal de dirigentes de clubes que colaboren o mantengan vínculos con barras bravas.
- Crear agravantes específicos para delitos cometidos en el contexto de eventos deportivos.
- Transformar algunas conductas actualmente consideradas contravenciones en delitos penales.
Las penas que prevé el proyecto
Entre las principales modificaciones, la iniciativa establece:
- De 1 a 4 años de prisión para quienes provoquen daños a bienes durante un espectáculo deportivo.
- De 3 a 6 años para quienes ingresen con armas blancas.
- De 4 a 8 años para quienes porten elementos inflamables.
- De 5 a 10 años para quienes ingresen con armas de fuego.
- De 3 a 6 años para quienes suspendan un partido mediante actos violentos.
- De 5 a 12 años si la interrupción se produce utilizando armas de fuego.
- De 2 a 6 años por la venta ilegal o reventa irregular de entradas.
- De 3 a 8 años cuando dirigentes de clubes participen de esas maniobras.
Además, contempla sanciones para los denominados "trapitos", con penas de entre uno y cinco años de prisión dependiendo de si existe exigencia o coerción para el cobro.
Restricciones y control de acceso
Otro de los puntos más discutidos del proyecto es la ampliación de las restricciones de acceso a los estadios. La propuesta establece una prohibición de acercamiento de hasta 1.000 metros para quienes tengan impedimentos judiciales y prevé penas de entre tres y cinco años para quienes incumplan esa restricción.
Asimismo, el proyecto otorga mayores facultades al Ministerio de Seguridad para aplicar medidas preventivas relacionadas con el ingreso a los espectáculos deportivos.
Las críticas de la oposición
Desde Unión por la Patria cuestionaron duramente la iniciativa. El diputado Juan Carlos Molina sostuvo que el proyecto avanza hacia "un Estado más punitivo y policial" y consideró que el derecho penal no debe ser utilizado como herramienta preventiva.
Por su parte, Horacio Pietragalla advirtió sobre una posible "estigmatización" de los hinchas y cuestionó que el Ministerio de Seguridad pueda definir quién tiene derecho a ingresar a los estadios.
En tanto, José Glinski comparó algunos aspectos de la iniciativa con la legislación antimafia italiana y cuestionó la ampliación del concepto de asociación ilícita.