En medio de tensiones políticas y disputas silenciosas dentro del sistema judicial, el juez federal Ariel Lijo volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez, no por un fallo, sino por una reunión reservada que expone los movimientos de poder que se tejen fuera de los tribunales y que podría tener impacto directo en su futuro: su aspiración de convertirse en procurador general.
Según reveló el periodista Jorge Liotti, el encuentro tuvo lugar en un departamento del propio Lijo ubicado sobre la exclusiva Avenida Alvear, una propiedad que llamó la atención por su nivel en relación con los ingresos formales de un magistrado. De acuerdo a versiones, el inmueble estaría vinculado al exembajador en España Carlos Bettini.

La excusa formal fue celebrar el cumpleaños del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Sin embargo, la lista de invitados y el contexto político sugieren que el verdadero objetivo iba mucho más allá de un festejo. Entre los presentes estuvieron el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y el de Tucumán, Osvaldo Jaldo, figuras clave en el armado territorial del peronismo y con peso específico en el Senado.
También participaron actores menos visibles pero influyentes, como Julián Leunda —con pasado ligado al empresario Cristóbal López y al entorno de Alberto Fernández— y Lucas Nejamkis, vinculado al histórico operador judicial Antonio Stiuso. La presencia de este entramado de figuras políticas, judiciales y operadores refuerza la hipótesis de una estrategia en marcha.
El objetivo de fondo sería claro: construir una mayoría en el Senado que le permita a Lijo acceder a la Procuración General, un cargo clave en el sistema judicial argentino. Se trata de una jugada distinta a la que intentó sin éxito cuando buscó llegar a la Corte Suprema, pero que ahora encuentra nuevos canales de negociación a través de los gobernadores.
En ese mismo tablero aparece otro nombre relevante: el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien también habría participado del encuentro. Su rol no es menor: tiene en sus manos la causa Libra, vinculada a presuntos negocios con criptomonedas que generan preocupación en el entorno presidencial, incluyendo a Karina Milei y al propio mandatario Javier Milei.
“Cumplía años y tuvimos una pequeña reunión al pasar, nada más, como tengo muchas reuniones. Obviamente que yo tengo muchos amigos, me gusta compartir con gente y saber qué piensan todos, los dirigentes, la gente”, señaló Jalil en diálogo con Futurock.
Por su parte, Lijo acumula expedientes sensibles. Entre ellos, una causa que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni, bajo la lupa por inconsistencias patrimoniales, y otra investigación sobre presuntas irregularidades en programas destinados a personas con discapacidad.
El trasfondo de este entramado revela una dinámica conocida pero siempre polémica: la interacción entre política y Justicia en espacios informales, donde se negocian apoyos, se construyen mayorías y se proyectan futuros cargos.
Más allá de la versión oficial de un cumpleaños, la reunión en el departamento de Lijo deja al descubierto una estrategia en desarrollo. Una que combina vínculos políticos, causas judiciales sensibles y aspiraciones personales en uno de los momentos más delicados del equilibrio institucional.
La incógnita que sobrevuela este escenario ya no se limita únicamente a si Lijo logrará concretar su objetivo de llegar a la Procuración, sino que se amplía hacia interrogantes más profundos y sensibles: cuál será el costo político de esas negociaciones, qué tipo de compromisos se están tejiendo en paralelo y, sobre todo, qué consecuencias podría tener todo este entramado sobre una independencia judicial que desde hace años aparece bajo sospecha y en permanente tensión.
