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En las horas previas al crucial debate en el Senado sobre la reforma laboral, una cumbre secreta se desarrolló a puertas cerradas, un encuentro que reunió a los pesos pesados de la CGT y a un grupo selecto de gobernadores peronistas.
El objetivo central de esta reunión “clandestina” era coordinar una estrategia unificada, un plan maestro para la sesión del miércoles en el Senado.
El fantasma que buscaban exorcizar era la reforma laboral impulsada por Javier Milei, y la herramienta elegida para combatirlo: bloquear el quórum, paralizar el debate, detener el avance de un proyecto que consideran lesivo para los derechos de los trabajadores.
El hermetismo rodeó la reunión desde el principio, un velo de secreto tejido tras los traspiés de un anterior cónclave de gobernadores y las tortuosas negociaciones con el gobierno nacional.
Los protagonistas
En el bando de los gobernadores, las figuras presentes representaban un amplio espectro del territorio peronista: Axel Kicillof, portando el peso de la provincia de Buenos Aires; Ricardo Quintela, desde la tierra riojana; el caudillo formoseño Gildo Insfrán; Gustavo Melella, representando a Tierra del Fuego; y Sergio Ziliotto, con la voz de La Pampa.
Del lado de la CGT, los líderes sindicales Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio), Octavio Argüello (Camioneros), Andrés Rodríguez (UPCN) y Héctor Daer (Sanidad) aportaron su experiencia y la fuerza de sus representados.
La sede que el Banco Provincia tiene en el centro porteño fue el escenario discreto de este encuentro.
Durante una hora y media, los asistentes analizaron cada ángulo del conflicto, mientras algunos gobernadores, a la distancia, participaban a través de la pantalla de sus computadoras, conectados por Zoom.
En medio de la tensión, la voz de Patricia Bullrich resonó con un mensaje de optimismo cauteloso. Aseguró que el proyecto estaba "95 por ciento acordado" con los bloques dialoguistas, aunque reconoció que la espina del tema impositivo, especialmente Ganancias, aún no había sido removida y es una de las patas que la mayoría de los gobernadores no quieren quebrar.