La disputa por las tierras de Las Costas atraviesa uno de sus momentos más delicados y mantiene abierto un fuerte debate político, territorial y social en la provincia. Integrantes de la Comunidad Lule volvieron a reunirse con senadores provinciales para expresar su rechazo al proyecto que impulsa la ampliación del Club Tigres sobre territorios que las familias aseguran habitar desde hace décadas.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, contempla la expansión de infraestructura deportiva con nuevas canchas de rugby y espacios recreativos. Sin embargo, para la comunidad originaria, el avance del proyecto podría derivar en desalojos y en una afectación directa sobre un territorio que consideran ancestral.
“Nosotros no estamos en contra del deporte, pero no sobre nuestras tierras”, remarcaron referentes lules durante los encuentros mantenidos con legisladores. Los voceros insistieron además en que el conflicto no puede analizarse únicamente desde el derecho civil o privado, sino desde una perspectiva de derechos colectivos reconocidos para los pueblos originarios.
“El derecho colectivo no es lo mismo que el privado o el civil. La afectación es para toda la comunidad”, sostuvieron. En ese sentido, afirmaron que el reclamo “no es un capricho” y citaron tanto las leyes provinciales como la legislación nacional e internacional vinculada al derecho de consulta previa.
Uno de los puntos centrales del planteo gira en torno al relevamiento territorial realizado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Según explicaron, ese procedimiento técnico-jurídico reconoce a la comunidad como pueblo originario y ubica esas tierras dentro de su territorio comunitario.
“El INAI les otorga las tierras como comunidad. Es un relevamiento que se hizo contemplado bajo una ley que los reconoce como pueblo”, señaló el presidente de la comisión de Legislación General que lleva este tema, Dani Nolasco.
Además de cuestionar la falta de consulta, la comunidad denunció situaciones de hostigamiento y amedrentamiento en la zona. Entre ellas mencionaron sobrevuelos de drones, controles permanentes y presuntos malos tratos hacia mujeres de la comunidad. Uno de los episodios que más repercusión generó fue el caso de una joven embarazada que, aseguran, sufrió agresiones en medio del conflicto territorial.
Los pobladores también cuestionan beneficios otorgados anteriormente al club, señalando que ya habría accedido a comodatos y condonaciones impositivas vinculadas a actividades deportivas. “Ahora quieren más tierra y seguir ampliándose para una actividad privada”, expresaron.
Mientras tanto, el Senado provincial mantiene abiertas las instancias de diálogo y evita anticipar una definición definitiva sobre el proyecto. El senador Nolasco sostuvo que el objetivo es escuchar a todas las partes antes de avanzar con una resolución.
“Tenemos que tomar decisiones al respecto y buscar la salida más correcta y conveniente”, expresó el legislador, aunque sin adelantar si acompañará o rechazará la iniciativa que ya obtuvo media sanción en Diputados.
La próxima semana continuarán las rondas de consultas y reuniones en busca de algún acuerdo que permita descomprimir la tensión. Serán convocados más representantes de la comunidad Lule, integrantes de la comisión directiva de Tigres, vecinos de la zona, administrador de Finca Las Costas y el intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia. También participan senadores que no integran formalmente la comisión legislativa, reflejando la sensibilidad política que adquirió el tema.
Por ahora, el Senado no manifestó una posición de rechazo al proyecto y el escenario sigue abierto. Pero mientras las negociaciones avanzan, en Las Costas persiste una pregunta que atraviesa a toda la comunidad: qué ocurrirá con las familias Lules si finalmente prospera una iniciativa que, según denuncian, amenaza el territorio donde viven, resisten y sostienen su identidad desde hace generaciones.