Avanza la agenda del Gobierno

Con amplia mayoría, Diputados dio media sanción a la imputabilidad desde los 14 años

El oficialismo logró aprobar en la Cámara baja la Ley Penal Juvenil y ahora girará la iniciativa al Senado. El Gobierno apunta a sancionar la iniciativa dentro del período de extraordinarias

Por Redacción Gente de Salta

Diputados y la ley penal juvenil — .

La Cámara de Diputados le dio este jueves media sanción a la Ley Penal Juvenil, una de las piezas clave de la agenda legislativa del Gobierno, que propone reformar el régimen vigente y bajar la edad de imputabilidad. La votación se realizó en el marco de una sesión especial convocada también para tratar la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El proyecto fue aprobado con 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin abstenciones.

La iniciativa oficialista establece la imputabilidad penal a partir de los 14 años para delitos graves y crea un nuevo esquema de sanciones junto con medidas socioeducativas orientadas a la reinserción. El debate expuso un escenario de apoyos y resistencias cruzadas entre los distintos bloques, con diferencias marcadas respecto del alcance de la reforma, la proporcionalidad de las penas y el enfoque que debe regir el sistema de responsabilidad penal adolescente.

Votación en la cámara de diputados

Nuevo régimen penal juvenil

El proyecto fija en 14 años la edad mínima de punibilidad y establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes. No obstante, introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva: solo podrá aplicarse en delitos graves, con escalas penales de diez años o más.

Para el resto de los casos se prevén sanciones alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o medidas de reparación del daño. El dictamen reafirma garantías procesales y define la privación de la libertad como última ratio. Además, establece estándares específicos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso a educación, salud y programas de resocialización.

El régimen entraría en vigencia seis meses después de reglamentarse. Será el plazo que tendrían el sistema penitenciario federal y de las provincias para ajustar las instalaciones carcelarias.

Además, la iniciativa prevé una primera asignación presupuestaria de $23.000 millones. Los detractores del proyecto aseveran que la suma es insuficiente y no llegará a las provincias.

Como miembro informante del proyecto, Laura Rodríguez Machado (LLA) destacó que hubo un debate “nutrido” y agradeció la participación del bloque de Unión por la Patria. “Celebro tremendamente que las diferencias de concepto o de ideología se diriman con votos, afirmó.

Por su parte, Germán Martínez, jefe del bloque de UP, reconoció que “fue un debate rico” y sostuvo que el proceso “valió la pena”. Sin embargo, marcó diferencias de fondo. A su juicio, el proyecto “no plantea una acción en el terreno educativo, de la inclusión ni del abordaje a través de los clubes”. También cuestionó la redacción presupuestaria: “Es escasa y tramposa. Está más cerca de plantear una acción de cooperación provincia por provincia que de garantizar financiamiento. Hay cero pesos para la prevención y para el abordaje de los delitos no punibles”. Y concluyó que el presupuesto previsto es “deficiente”.

Desde el bloque libertario, el diputado Álvaro Martínez respondió las críticas del kirchnerismo. “El sistema actual rige desde 1980, desde la dictadura. Tuvieron la oportunidad para cambiar esta ley y establecer un régimen penal juvenil. No tuvieron el coraje. Hoy estamos dando un paso donde la ley se cumple. Cuando hay justicia, el que las hace las paga”, enfatizó.