La investigación recién comienza, pero el impacto político ya está instalado
Mientras el Gobierno nacional insiste con su discurso de transparencia, austeridad y “fin de los privilegios”, una nueva causa judicial vuelve a poner la lupa sobre funcionarios cercanos al poder. Esta vez, el foco está puesto en Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, quien fue imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La investigación quedó en manos del fiscal federal Guillermo Marijuán, luego de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano. El expediente recayó en el Juzgado Federal N°6, subrogado por Daniel Rafecas, quien delegó la causa al fiscal para avanzar con las medidas de prueba.
Francisco Adorni no es un nombre desconocido dentro del esquema libertario. Llegó al Estado impulsado por su hermano y ocupó primero la titularidad de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa. Más tarde, en junio de 2025, fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para retiros y pensiones militares (IAF), un organismo clave que maneja fondos sensibles vinculados al sistema militar.
Pero además de su paso por el Ejecutivo, Adorni también construyó carrera política: en las últimas elecciones consiguió una banca como diputado bonaerense por La Libertad Avanza.
La denuncia apunta principalmente al fuerte crecimiento patrimonial registrado en muy poco tiempo. Según consta en su declaración jurada de 2024 presentada ante la Oficina Anticorrupción, Francisco Adorni declaró:
- El 50% de una vivienda de 162 metros cuadrados en City Bell, valuada en $38,7 millones.
- El 50% de un automóvil Chery Tiggo modelo 2017.
- Bienes, depósitos y efectivo por $43,7 millones.
- Ninguna deuda declarada.
Sin embargo, apenas un año después, su patrimonio neto declarado saltó a $80,5 millones.
El dato que más llamó la atención de la Justicia y de la oposición es cómo logró cancelar en apenas doce meses un crédito hipotecario cercano a los $60 millones otorgado por el Banco Provincia, además de incorporar una camioneta Jeep Renegade durante 2025.
La causa busca determinar si existe una justificación legal y económica para ese crecimiento patrimonial o si hubo maniobras incompatibles con los ingresos declarados por el funcionario.
El caso golpea especialmente al oficialismo porque La Libertad Avanza construyó buena parte de su identidad política sobre el rechazo a “la casta” y la promesa de terminar con los privilegios de la política tradicional. Sin embargo, desde que llegó al poder, el Gobierno quedó envuelto en distintas polémicas vinculadas a designaciones de familiares, contratos y nombramientos de personas cercanas al círculo presidencial.
En este contexto, la imputación de Francisco Adorni vuelve a abrir un debate incómodo para el oficialismo: qué tan diferente es realmente la nueva política que prometían representar.
Por ahora, Manuel Adorni no hizo declaraciones públicas sobre la situación judicial de su hermano. Mientras tanto, el fiscal Marijuán ya comenzó a solicitar documentación patrimonial, bancaria y financiera para reconstruir el movimiento de fondos y determinar si existió enriquecimiento ilícito o lavado de activos.