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El desembarco de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete quedó atravesado por cuestionamientos desde el Congreso. Mientras un diputado lo intimó formalmente a garantizar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, otra legisladora presentó un pedido de informes para que el Gobierno explique los fundamentos de la eliminación del Ministerio del Interior y la transferencia de sus funciones a la Jefatura de Gabinete.
El diputado nacional Esteban Paulón presentó una intimación dirigida a Santilli para que informe el cronograma y los plazos de ejecución de la Ley 27.795, luego de que la Justicia ordenara su cumplimiento. “Tres jefes de Gabinete y la misma ley sin cumplir”, resumió el legislador, en referencia a las gestiones anteriores de Guillermo Francos y Manuel Adorni.
Paulón recordó que la norma fue aprobada dos veces por el Congreso y remarcó que su cumplimiento “no es una sugerencia”. En ese sentido, reclamó que la implementación se realice “sin trampas ni atajos” y advirtió que, si no hay avances sobre los artículos 5 y 6 de la ley, recurrirá a la Justicia con denuncias por presunta desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La Ley de Financiamiento Universitario establece actualizaciones presupuestarias vinculadas a los salarios del personal docente y no docente, además del financiamiento de becas estudiantiles. Tras un decreto que suspendió su aplicación, el Consejo Interuniversitario Nacional recurrió a la Justicia y obtuvo medidas cautelares que ordenaron su cumplimiento. La decisión fue ratificada por la Cámara de Apelaciones y posteriormente por la Corte Suprema.
Desde el oficialismo, el presidente de la Comisión de Educación de Diputados, Alejandro Finocchiaro, había señalado que los fondos previstos por la ley comenzarían a girarse el próximo 15 de julio, tras contactos con autoridades de la Secretaría de Educación.
Pedido de informes por la eliminación del Ministerio del Interior
En paralelo, la diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo explique los motivos jurídicos, institucionales, presupuestarios y administrativos que llevaron a eliminar el Ministerio del Interior mediante el DNU 571/2026.
La iniciativa solicita que la Jefatura de Gabinete detalle por qué se eligió un decreto de necesidad y urgencia para modificar la estructura ministerial y por qué no se utilizó el trámite legislativo ordinario en el Congreso.
Entre los puntos reclamados figuran explicaciones sobre:
- El destino del personal que pertenecía al Ministerio del Interior.
- La reasignación de partidas presupuestarias.
- El impacto fiscal de la creación de nuevas estructuras como la Vicejefatura de Gabinete del Interior.
- El funcionamiento de organismos que dependían de esa cartera, como el Registro Nacional de las Personas (Renaper), la Dirección Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
La diputada también cuestionó la concentración de atribuciones en la Jefatura de Gabinete, que pasó a tener bajo su órbita funciones vinculadas con la relación con las provincias, la administración general del Estado y el seguimiento presupuestario.
La llegada de Santilli al cargo quedó así marcada por una ampliación de responsabilidades y por reclamos opositores que apuntan tanto al cumplimiento de leyes vigentes como a la reorganización institucional impulsada por el Gobierno nacional.