Sesión clave
El Gobierno enfrentará este jueves su primer test parlamentario de peso en la Cámara de Diputados. No se trata solo de una sesión más en el calendario legislativo: en una misma jornada se pondrán a consideración dos proyectos que condensan parte central de la agenda oficial. La votación del nuevo régimen penal juvenil —con la baja de la edad de imputabilidad a 14 años como eje más controvertido— y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea funcionarán como termómetro político del arranque del año.
La sesión especial, convocada para las 11.00, llega precedida de un dato relevante: el oficialismo consiguió dictamen de mayoría para ambas iniciativas con el respaldo de aliados y bloques dialoguistas. Esa construcción previa le permite encarar el debate con expectativas favorables, aunque el desenlace final dependerá de la disciplina interna y del comportamiento de los socios circunstanciales en el recinto.
En términos políticos, el Gobierno no solo busca aprobar dos proyectos. Aspira a consolidar un esquema de mayorías que le permita ordenar el Congreso bajo su propia agenda. El mensaje es claro: combinar una señal de firmeza en materia de seguridad interna con un gesto de apertura económica hacia el exterior.
Seguridad y redefinición del régimen juvenil
El nuevo régimen penal juvenil propone reemplazar el esquema vigente por uno que incorpora la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y establece un sistema diferenciado para menores en conflicto con la ley penal. El dictamen descarta la reclusión perpetua para menores y fija un tope máximo de 15 años de prisión.
A la vez, introduce un abanico de sanciones alternativas a la privación de la libertad para delitos de menor gravedad, con un enfoque que combina castigo y resocialización. Para hechos con penas inferiores a tres años, se excluye la prisión; y para delitos con penas de entre tres y diez años que no hayan provocado muerte o lesiones graves, se priorizan medidas socioeducativas.
Uno de los puntos que permitió destrabar apoyos fue la incorporación de partidas presupuestarias específicas para garantizar la implementación del régimen. El texto prevé más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia. Sin financiamiento, advertían sectores dialoguistas, cualquier reforma corría el riesgo de convertirse en una declaración de principios sin aplicación efectiva.
La oposición de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda anticipa un debate intenso, especialmente en torno a la constitucionalidad y la eficacia de la baja de imputabilidad. Pero el oficialismo llega al recinto con un esquema de alianzas que, al menos en los números previos, le permitiría sortear el escollo.
Apertura comercial y señal externa
El segundo eje de la sesión tiene un alcance estructural mayor. La ratificación legislativa del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea apunta a formalizar un entendimiento que elimina aranceles para más del 90% de las exportaciones del bloque sudamericano y reduce barreras para bienes industriales y tecnológicos europeos.
El acuerdo, firmado el 17 de enero en Asunción, representa para el Gobierno una pieza central de su narrativa de inserción internacional. En un contexto global marcado por tensiones comerciales y revisión de cadenas de valor, la apuesta oficial combina apertura de mercados con previsibilidad normativa.
Sin embargo, el tratado aún enfrenta incertidumbres. El Parlamento Europeo solicitó la revisión del texto por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que podría demorar su implementación definitiva. Incluso así, la posibilidad de una aplicación provisoria mantiene el tema en agenda.
Para el oficialismo, la votación en Diputados tiene un valor simbólico: mostrar coherencia entre discurso y acción. Seguridad puertas adentro, integración puertas afuera. Dos planos distintos, una misma estrategia.
Más allá del resultado puntual, la sesión funcionará como un anticipo del clima legislativo del año. Si el Gobierno logra sostener su arquitectura de mayorías, habrá dado una señal de gobernabilidad. Si aparecen fisuras, el costo no será solo aritmético, sino político. Porque en el Congreso, como en el mercado, las señales importan.