PolíticaSan Lorenzo y la lógica de la casta política
En San Lorenzo, la política parece funcionar como un pasamanos familiar. Aunque la Justicia provincial condenó e inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos a Ernesto “Kila” Gonza y a su hermano Aldo por corrupción, el apellido continúa ocupando espacios de poder dentro de la estructura institucional de esa localidad salteña.
Ahora será Lucas Francisco Gonza, sobrino del “Kila” e hijo de Aldo, quien asumirá una banca en el Concejo Deliberante local. Lo hará el martes que viene, durante la sesión ordinaria correspondiente al Acta 2.111, tras la resolución firme emitida por el Tribunal Electoral de Salta.
Formalmente, el ingreso se produjo luego de la vacante generada por la destitución e inhabilitación judicial de Ernesto Fernando “Kila” Gonza. Sin embargo, el trasfondo político deja más interrogantes que certezas.
Según el orden de la lista del Partido de la Victoria, quien debía asumir en primer término era Daniela Alejandra Yavi. Pero Yavi renunció antes de ocupar la banca y dejó el camino libre para el ingreso de Lucas Francisco Gonza. La decisión alimentó sospechas y críticas dentro del ámbito político local, donde muchos interpretan que todo habría estado previamente calculado para garantizar la continuidad del clan familiar dentro del Concejo Deliberante.
Porque el debate no pasa solamente por la legalidad del procedimiento. Nadie discute que la renuncia sea una herramienta prevista dentro del sistema institucional. Lo que se pone bajo la lupa es la responsabilidad política y ética de quienes integran una lista electoral, reciben el respaldo ciudadano y luego abandonan ese lugar sin mayores explicaciones públicas.
La situación deja expuesta una práctica cada vez más frecuente: candidaturas utilizadas como piezas de reemplazo dentro de estrategias partidarias previamente diseñadas. En los hechos, el votante termina eligiendo una nómina cuyos integrantes pueden correrse apenas iniciado el proceso para habilitar el ingreso de otros dirigentes.
En ese contexto, la renuncia de Yavi abre preguntas incómodas: ¿Existieron razones reales para desistir de asumir? ¿O simplemente se trató de una maniobra política para sostener el apellido Gonza dentro del poder comunal? Porque cuando una candidatura se utiliza únicamente como puente hacia otra persona, el sentido de representación democrática queda seriamente debilitado.
¿Y el cupo femenino?
La paradoja política también golpea otro discurso recurrente dentro de los espacios partidarios: la defensa del cupo femenino y la participación de mujeres en lugares de representación. En este caso, una mujer que figuraba en la lista terminó cediendo su lugar para que asuma otro hombre. El resultado final contradice, en los hechos, gran parte de los planteos sobre equidad y representación de género que suelen sostenerse públicamente.
El Concejo Deliberante de San Lorenzo intentó frenar la designación y presentó un Recurso de Reconsideración ante el Tribunal Electoral provincial. Sin embargo, el planteo fue rechazado y el cuerpo deliberativo finalmente decidió acatar la resolución “en cumplimiento del principio de legalidad y del respeto institucional a las decisiones de los órganos jurisdiccionales”.
Más allá de la formalidad institucional, el episodio vuelve a instalar una discusión profunda sobre cómo funcionan las estructuras políticas en muchos municipios del interior salteño: apellidos que sobreviven a condenas judiciales, redes de poder que se reciclan entre familiares y espacios públicos que terminan administrados por los mismos sectores generación tras generación.
La condena contra el “Kila” Gonza buscaba marcar un límite institucional frente a hechos de corrupción. Sin embargo, en San Lorenzo el apellido sigue vigente. Cambian los nombres, cambian las caras, pero el poder continúa circulando dentro de la misma familia.