El Frente de Izquierda volvió a poner en debate la legalización integral del cannabis con un proyecto impulsado por Nicolás del Caño y Myriam Bregman que propone despenalizar completamente la planta y regular su uso, producción y comercialización en la Argentina.
La iniciativa, presentada en el Congreso, establece que el cannabis y todos sus derivados sean considerados de uso legal en el país, habilitando su plantación, cultivo, producción, almacenamiento, comercialización, tenencia y consumo sin sanciones penales.
El proyecto plantea además que la venta de marihuana sea libre en el territorio nacional, con regulación estatal a cargo de organismos como la ANMAT, aunque deja fuera de control oficial el autocultivo destinado al consumo personal, tanto individual como colectivo.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la modificación del enfoque actual sobre las drogas. En sus fundamentos, los autores sostienen que el paradigma prohibicionista “fracasó”, ya que no logró reducir el consumo y, en cambio, contribuyó a fortalecer el narcotráfico y la criminalización de usuarios, especialmente en sectores vulnerables.
En ese sentido, el proyecto incorpora una medida de alto impacto político y judicial: establece la amnistía para todas las personas denunciadas, procesadas o condenadas por consumo, tenencia o cultivo de cannabis, con la consecuente anulación de antecedentes y causas vinculadas.
La iniciativa también habilita la creación de clubes sociales de cannabis sin fines de lucro, integrados por mayores de edad, con el objetivo de garantizar el acceso a la sustancia fuera del circuito ilegal.
Al mismo tiempo, fija restricciones y regulaciones. Por ejemplo, se prohíbe la comercialización de cannabis en ámbitos como escuelas, hospitales, transporte público o espectáculos masivos, así como la publicidad y el patrocinio de productos recreativos vinculados a la marihuana.
En materia sanitaria, el texto dispone que el Estado implemente políticas de información, prevención y reducción de riesgos, además de garantizar el acceso gratuito a cannabis con fines medicinales para quienes lo necesiten, ampliando el alcance de programas ya existentes.
Los fundamentos del proyecto ponen el acento en el contexto internacional y en los avances de otros países que han legalizado o despenalizado el cannabis, al tiempo que cuestionan la “guerra contra las drogas” impulsada durante décadas, a la que atribuyen efectos negativos tanto en términos sociales como sanitarios.
Asimismo, los impulsores enfatizan que la regulación estatal permitiría retirar al narcotráfico una fuente clave de ingresos y mejorar las condiciones de acceso para los usuarios, evitando la circulación de sustancias adulteradas propias del mercado ilegal.
El proyecto, que ya había sido presentado en años anteriores sin tratamiento parlamentario, vuelve a plantear un debate de fondo en el Congreso sobre el enfoque de la política de drogas en la Argentina, en un escenario donde crecen las demandas sociales por una regulación integral del cannabis.
Materia pendiente de análisis en todo el país: qué sucede en Salta
El cannabis es una planta conocida científicamente como Cannabis sativa, utilizada con distintos fines: medicinales, terapéuticos, industriales y recreativos. De ella se obtienen derivados como aceites, cremas, flores medicinales y también cáñamo industrial. Sus componentes más conocidos son el THC (tetrahidrocannabinol), que produce efectos psicoactivos, y el CBD (cannabidiol), utilizado principalmente con fines terapéuticos.
En Salta, el tema del cannabis tuvo varios antecedentes importantes en los últimos años, especialmente vinculados al uso medicinal y la regulación del cultivo.
Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2018, cuando la Justicia Federal de Salta autorizó por primera vez en el país a una madre a cultivar cannabis en su casa para tratar a su hijo con neurofibromatosis. Ese fallo fue considerado histórico porque la legislación nacional todavía no permitía expresamente el autocultivo medicinal. Sin embargo, tiempo después la Cámara Federal de Salta revocó parcialmente esa autorización argumentando que faltaba “rigor científico” suficiente para sostener el cultivo casero.
El caso de Salta fue pionero junto con otro de Río Negro. Fueron dos familias en el país que lograron, a través de amparos, que la Justicia les permita hacerlo y producir así aceite de cannabis para tratar enfermedades que no encontraban mejoras directas en la medicina tradicional. “Mi hijo tiene neurofibromatosis y sufría convulsiones, recibía grandes cantidades de morfina y vivía en un tormento continuo de dolor”, contaba la mamá salteña en ese entonces. Comprarlo era inaccesible, empezaron con el autocultivo “y a los 40 días de tratamiento, el dolor había desaparecido”.
"Estábamos seguros de que el sistema no iba a abandonar a un niño sufriente”, agrega al poco tiempo de que el juez federal Julio Bavio fallara a favor y sentara precedentes.
El caso de Río Negro fue para Joaquín, con síndrome de Tourette. Los médicos le recetaron risperidona, pero aumentó diez kilos en dos meses, se aisló y se le entumecían las piernas”, recuerda su mamá. “A las 24 horas que tomara las primeras gotas de cannabis, Joaquín recuperó su estado normal y no tenía ningún tic”.
A nivel político y sanitario, Salta comenzó luego a avanzar en proyectos vinculados al cannabis medicinal. En 2021, el Gobierno provincial firmó convenios con el INTA, el Fondo Especial del Tabaco y la Cámara del Tabaco para investigar y desarrollar cultivos de cannabis con fines científicos y terapéuticos en el Valle de Lerma.
La provincia también empezó a trabajar en la adhesión y adaptación de la Ley Nacional 27.669, que regula la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial en Argentina. Esa norma habilita la producción, investigación y comercialización bajo regulación estatal.
En los últimos años además surgieron iniciativas para crear un “Reprocann salteño” o Registro Provincial de Cannabis Medicinal, destinado a pacientes que utilizan derivados de cannabis bajo supervisión médica.
Actualmente, en Argentina se habla particularmente del cannabis medicinal permitido dentro de un marco regulado, especialmente a través del REPROCANN, el registro nacional que autoriza cultivo controlado para pacientes con indicación médica. Aun así, el debate sigue abierto entre quienes impulsan mayor regulación, producción local y acceso terapéutico, y quienes cuestionan controles, usos indebidos o vacíos legales.