El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, dictaminó que debe rechazarse el pedido presentado por Cristina Fernández de Kirchner para frenar el decomiso de bienes vinculados a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y que se avance con la ejecución y eventual remate de 19 propiedades.
La disputa judicial se da en el marco de la ejecución de la condena dictada en la causa Vialidad, por la cual la expresidenta cumple una pena de seis años de prisión bajo arresto domiciliario en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. En esa causa, el decomiso de bienes es uno de los puntos pendientes de ejecución tras la confirmación de la sentencia.
En su dictamen, Villar sostuvo que la condena quedó firme en junio del año pasado y que el decomiso ya fue establecido como parte de esa sentencia. Por lo tanto, según explicó, lo que ahora está en discusión no es la existencia de esa medida, sino la forma en que debe ejecutarse.
“La resolución impugnada no modifica el contenido de la condena ni introduce nuevas obligaciones, sino que se limita a hacer operativa una consecuencia penal ya establecida”, señaló el fiscal en su presentación. Además, remarcó que el decomiso no constituye una pena nueva ni una sanción autónoma, sino una consecuencia legal de una condena firme.
La defensa de la exmandataria, encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, había solicitado ante la Cámara de Casación que no se avance sobre los bienes de Máximo y Florencia Kirchner, al sostener que ellos no fueron parte del proceso judicial y que el origen de esas propiedades es lícito.
En su planteo, los abogados también cuestionaron el modelo de “decomiso ampliado” aplicado por el Tribunal Oral Federal N.º 2 y argumentaron que no se realizó una investigación patrimonial ni un análisis de trazabilidad de fondos que permita vincular esas propiedades con el delito por el cual fue condenada la expresidenta.
Entre los bienes que la defensa busca resguardar figuran diez departamentos en Río Gallegos, dos inmuebles adicionales en la misma ciudad y varios terrenos ubicados en Lago Argentino, en la provincia de Santa Cruz. Muchas de estas propiedades fueron cedidas a sus hijos por Cristina Kirchner o por el expresidente Néstor Kirchner.
La expresidenta también cuestionó el cálculo del monto total del decomiso, que la Justicia actualizó a más de 684.000 millones de pesos, al sostener que esa cifra estaría mal calculada y aún no se encuentra firme.
Por su parte, Villar respondió que en los casos de corrupción no siempre es posible reconstruir el recorrido exacto del dinero ilícito, por lo que los jueces pueden evaluar incrementos patrimoniales que coincidan temporalmente con las maniobras investigadas.
La defensa solicitó además que se otorgue efecto suspensivo al recurso presentado, lo que implicaría frenar cualquier intento de tasación, remate o inscripción de los bienes a favor del Estado o de la Corte Suprema hasta que se resuelva la cuestión.
Ahora la decisión final quedará en manos de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, quienes podrían reunirse la próxima semana para definir si se avanza con la ejecución del decomiso.
En paralelo, los fiscales del juicio Diego Luciani y Sergio Mola vienen insistiendo desde el año pasado en que los bienes sean ejecutados de manera inmediata, en línea con el criterio que ahora sostuvo Villar.
En el expediente también se solicitó el decomiso de bienes pertenecientes al empresario Lázaro Báez, también condenado en la causa. En total, el pedido incluye 141 inmuebles —13 vinculados a sociedades de la familia Kirchner y 128 a empresas relacionadas con Báez—, 46 vehículos, más de 4,6 millones de dólares en efectivo, otros fondos en cuentas bancarias y diversas propiedades, entre ellas casas en Pinamar.
La resolución que adopte la Casación será clave para determinar si el proceso de tasación y remate de estos bienes avanza en el corto plazo o queda momentáneamente suspendido.