Resistencia al término por ser "muy hippie"
La reforma del Código Penal se consolida como uno de los proyectos estructurales del presidente Javier Milei, quien decidió suspender su tratamiento durante las sesiones extraordinarias para profundizar la redacción del texto y abrir un debate más amplio durante el año legislativo. En ese marco, el Gobierno avanza en un endurecimiento de las penas para delitos vinculados a incendios intencionales, especialmente aquellos que afectan a bosques y áreas naturales, en medio de una fuerte crisis ambiental por los focos activos en la Patagonia.
La iniciativa tomó mayor impulso tras los reclamos de la Unión Cívica Radical (UCR) y del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, luego de que más de 30.000 hectáreas fueran arrasadas por incendios forestales en esa provincia. Ante ese escenario, la administración libertaria anticipa un incremento significativo de las condenas para delitos con impacto ambiental, aunque aclara que el enfoque no estará puesto en la agenda ambientalista tradicional.
“Está previsto incorporar nuevos delitos para quienes provoquen incendios de manera intencional, incluidos los bosques. También para quienes trafiquen bienes culturales o exploten ilegalmente la minería”, confirmó una fuente clave involucrada en la redacción del proyecto.
Si bien el endurecimiento de las penas está definido, aún resta establecer la escala concreta de condenas, que —según adelantaron— será superior a los tres años de prisión para evitar excarcelaciones. “No queremos anticipar números, pero las penas van a ser altas”, señalaron desde el entorno del proyecto.
El mensaje político fue reforzado por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien se expresó en redes sociales con un tono contundente: “Prender fuego no es un accidente. Es un delito. En esta Argentina, el que las hace, las paga”.
Uno de los puntos que genera mayor debate interno es la posible incorporación de la figura de “ecocidio”. Si bien existe consenso en castigar con mayor severidad los delitos que generan daños ambientales graves, dentro del oficialismo hay resistencia al término. “Es muy hippie”, deslizó sin rodeos una voz con acceso al despacho presidencial.
“No vamos a hablar de ambiente sano ni de formulaciones de ese estilo. No somos ambientalistas. Vamos a castigar a todos los que incendien, sin discriminación. Provocás un incendio y vas preso”, enfatizó otra fuente en línea con la postura del Ejecutivo, que busca despegarse de cualquier vinculación con la Agenda 2030.
Pese a las objeciones, la figura de ecocidio no está completamente descartada. Actualmente existen disposiciones penales dispersas en leyes ambientales específicas, pero el delito no se encuentra tipificado de manera expresa en el Código Penal. “La figura está contemplada conceptualmente, pero no tipificada. Se evalúa si se incluye o si se deja abierta la discusión para el debate parlamentario”, explicó una fuente calificada.
El proyecto se encuentra en su etapa final de redacción y el Gobierno prevé concluirlo durante la primera quincena de febrero. En la mesa técnica trabajan el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; el asesor presidencial Santiago Caputo y su colaboradora Macarena Alifraco; la ministra Patricia Bullrich; el penalista Fernando Soto y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.
Con reuniones cada semana y la ausencia temporal del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el oficialismos apuesta a llevar al Congreso una reforma que promete ser uno de los debates más duros del año, atravesado por la seguridad, el castigo penal y el impacto de los incendios que mantienen en vilo a varias provincias del país.