PolíticaMismo modus operandi que validaría su próxima postulación
Bajo un modus operandi similar al que lo habilitaría a aspirar a un nuevo mandato, Gustavo Sáenz activó el proceso para volver a postular a las juezas María Alejandra Gauffín y Adriana María Rodríguez Faraldo en la Corte de Justicia, en un movimiento que, de concretarse, podría extender su permanencia en el máximo tribunal hasta 2036 y llevarlas así a 16 años de ejercicio, pese a que la Constitución vigente fija mandatos de diez años.
Ambas magistradas fueron designadas en junio de 2020, bajo un esquema que establecía mandatos de seis años. Sin embargo, tras la reforma constitucional de 2021 —que fijó períodos de diez años sin posibilidad de reelección— sus nombres vuelven a ser impulsados, marcando una doble contradicción, en un nuevo proceso sujeto al acuerdo del Senado donde el oficialismo concentra la mayoría plena.
La clave de este escenario no está solo en la decisión política, sino en cómo se aplica la reforma del 2021. Como el nuevo texto no definió con precisión qué debía ocurrir con los jueces que ya estaban en funciones, quedó abierta una zona gris de interpretación: si sus mandatos anteriores deben contarse dentro del nuevo esquema o si, por el contrario, pueden considerarse como parte de un régimen distinto.
Antecedente: Caso Mariño
Un antecedente clave de esta discusión es el caso “Mariño”, resuelto por la Corte de Justicia de Salta. En ese expediente, un juez de instancia inferior planteó que no debía aplicársele el nuevo límite de edad incorporado por la reforma constitucional de 2021, ya que había sido designado bajo el régimen anterior. Sin embargo, el tribunal rechazó ese planteo y estableció que las nuevas reglas podían aplicarse de manera inmediata, incluso sobre cargos en ejercicio.
En diálogo con abogados constitucionalistas, ese criterio es incluso catalogado como un “no fallo”, en la medida en que fijó una interpretación relevante sin resolver de manera definitiva el alcance general de la reforma, y que además permanece sujeto a revisión en instancias superiores.
Según explican, esa lectura derivó en una aplicación desigual del nuevo régimen: mientras a los jueces inferiores se les aplicaron de inmediato los límites, en el caso de la Corte se habilitó separar el mandato anterior del nuevo esquema, lo que termina beneficiando a los cargos de mayor jerarquía.
En términos simples, esto implica que un juez designado bajo la Constitución anterior puede iniciar un nuevo período completo bajo las reglas reformadas, sin que su mandato previo se contabilice dentro del límite actual.
Bajo esa lógica, la eventual continuidad de Gauffín y Rodríguez Faraldo no se presenta formalmente como una reelección, sino como una nueva designación. Sin embargo, en los hechos, el resultado es el mismo: permitiría extender su permanencia en el máximo tribunal más allá del límite que la propia reforma buscó fijar. Misma operación en la que Gustavo Sáenz podría moverse en una eventual tercera elección.
María Alejandra Gauffín: de la carrera judicial a los fallos institucionales
María Alejandra Gauffín de Macedo tiene 57 años, nació en Palpalá, Jujuy, y es jueza de la Corte de Justicia de Salta desde junio de 2020. Llegó al máximo tribunal después de una trayectoria desarrollada principalmente dentro del Poder Judicial salteño, con antecedentes en áreas civiles, comerciales, contencioso-administrativas y electorales.
Desde su incorporación a la Corte, Gauffín quedó asociada a decisiones de fuerte impacto institucional. Una de ellas fue el caso Mariño-Pfister Aráoz, donde el tribunal rechazó los planteos de jueces inferiores contra el límite de 70 años incorporado por la reforma constitucional de 2021. Ese fallo se volvió central porque fijó una interpretación sobre la aplicación inmediata de la reforma a magistrados designados bajo el régimen anterior. La discusión reaparece ahora porque, mientras a jueces inferiores la reforma les impuso límites inmediatos, para jueces de Corte se abrió una lectura distinta.
Otro antecedente sensible fue la causa por publicidad oficial iniciada por el semanario Cuarto Poder. El medio reclamaba por la forma en que el Estado distribuía la pauta estatal y había obtenido una medida favorable en una instancia anterior, que ordenaba mantener esa publicidad mientras se discutía el fondo del conflicto. Luego, según publicó el propio semanario, la Corte de Justicia de Salta revocó esa decisión.
El caso fue cuestionado porque la publicidad oficial no solo implica recursos económicos para los medios: también puede funcionar como una herramienta de presión si se asigna o se retira sin criterios objetivos, especialmente frente a medios críticos del poder político.
Gauffín también integró decisiones de impacto público en materia de derechos sociales y salud, como el caso sobre fertilización asistida contra el IPS, donde la Corte declaró inconstitucional el límite provincial de tres tratamientos de alta complejidad. Aunque no fue una decisión controversial en sentido negativo, sí tuvo relevancia institucional porque involucró el alcance de la cobertura estatal, el derecho a la salud reproductiva y los límites de una restricción legal provincial.
Adriana Rodríguez Faraldo: jueza de trayectoria en la Corte reformada
Adriana María Rodríguez Faraldo nació en Salta Capital en 1958 . Es jueza de la Corte de Justicia de Salta desde junio de 2020 y actualmente ocupa un lugar relevante en la estructura interna del tribunal. Antes de llegar a la Corte tuvo una extensa carrera judicial, con pasos por el fuero contencioso administrativo, la Cámara Civil y Comercial y funciones letradas dentro del máximo tribunal.
Un caso especialmente controversial vinculado a Rodríguez Faraldo fue el del exsacerdote Emilio Lamas, acusado por denuncias de abuso sexual. La Corte de Justicia de Salta dejó firme el sobreseimiento por prescripción, una decisión que fue repudiada por las víctimas y luego derivó en planteos ante la Corte Suprema nacional. En ese expediente, Rodríguez Faraldo integró la minoría que votó por rechazar el recurso, es decir, por sostener el criterio que mantenía cerrada la posibilidad de juzgar al exsacerdote.
Otro antecedente que puede incorporarse es el expediente ambiental vinculado a la firma Lauju SRL, en Atocha, San Lorenzo. Allí el Ministerio Público Fiscal había pedido la suspensión provisoria de la actividad industrial en defensa del ambiente y de derechos colectivos. Según información del Ministerio Público Fiscal, la Corte, con votos de Sandra Bonari y Adriana Rodríguez Faraldo, intervino en el caso. Es un antecedente sensible porque enfrentaba actividad económica, control ambiental y prevención de posibles daños colectivos.
Además, Rodríguez Faraldo aparece mencionada en la discusión por transparencia de los sueldos de la Corte. Según Página/12, la Corte salteña rechazó, por apenas un voto de diferencia, un amparo que buscaba que se informaran los haberes de sus integrantes. El caso fue presentado públicamente como un fallo “a favor del secretismo” y alimentó críticas sobre opacidad institucional en el Poder Judicial.