PolíticaOscuridad en los guarismos
En el campo de la teoría y la práctica de la salud, la salud mental constituye una especialidad con consensos técnicos y científicos propios, respaldados por enunciados normativos específicos. La ley nacional de Salud Mental recoge estos consensos y otorga seguridad jurídica a las personas con problemas de consumo al inscribir las adicciones dentro del paradigma de la salud mental comunitaria.
Por ello, el Plan Quintar debería haber arrancado de un diagnóstico multidimensional sobre la situación de las adicciones en las comunidades donde pretende intervenir. Solo a partir de una lectura integral —que contemple factores sociales, culturales, económicos, institucionales y epidemiológicos— será posible diseñar estrategias de prevención.
El punto de anclaje tiene que ser un cuerpo de datos elementales, que dé a conocer la magnitud del problema en cada uno de los municipios. Se anunció que el Plan hará una experiencia piloto en el municipio de Tartagal, pero no se fundamentó por qué fue elegida esa comuna. ¿En Tartagal se respetarán algunas de las reglas de oro de la buena práctica de la prevención? No lo sabemos.
Para cumplir esas reglas, Tartagal necesita contar con alta vulnerabilidad y necesidades urgentes en zonas con indicadores de consumo problemático, faltarle acceso a servicios y acumular factores de riesgo. Por otra parte, ofrecer la oportunidad de que el plan tenga su escalabilidad y replicabilidad, de modo tal que el territorio tartagalense permita extraer aprendizajes transferibles a otros municipios.
Los redactores del Plan no mostraron transparencia. Fueron reticentes para detallar las magnitudes de las adicciones en Salta. Y es por eso que no presentaron ninguna de las variables sociosanitarias y epidemiológicas de las cuales van a partir cuando desembarquen en los municipios. Como se dice en la metodología de la investigación de las ciencias sociales: crearon su propio vacío de evidencia. No consignaron los estudios empíricos del contexto salteño y de su población objeto para asentar el Plan. Ese error metodológico —de aprendices— tiene serias limitaciones en la formulación y eficacia de la política pública en salud mental comunitaria.
Según los autores del Plan, el mismo fue a consulta en distintos sitios técnicos del país. La Secretaría de Salud Mental y Adicciones de la provincia también participó con su opinión. Todos esos actores hicieron una lectura de aficionados a la planificación cuando evaluaron técnicamente al Plan.
No objetaron que le faltó el cimiento de un relevamiento epidemiológico, no precisaron ninguna estadística oficial de la provincia para enriquecer el trabajo. Increíble, los consultados naturalizaron que en el Plan no importa la ausencia de un análisis de indicadores del desarrollo humano, con números sobre la enorme desigualdad territorial de Salta y que identifiquen las zonas más críticas del consumo problemático. Tampoco esas opiniones diletantes observaron que al Plan le faltó establecer con qué financiamiento cierto contará. Obviaron olímpicamente las cifras sobre prevalencia del tipo de adicciones y otras cuantificaciones necesarias en cualquier estrategia preventiva.
El problema de origen del Plan Quintar es su oscuridad en los guarismos: no posee información cuantitativa básica sistematizada. Todo fue propuesto a ojo de buen cubero.
La reducción de la demanda de drogas por medio de la prevención comunitaria es imperativa. Los intendentes quieren adherir a esa política pública aunque no saben cuál es el estado real de las adicciones en sus respectivos territorios. El Plan les debería ya haber preparado información que establezca la matriz de vulnerabilidad comunitaria y los parámetros para medir el impacto posterior.
Su diseño fue realizado al calor del lobby político de los legisladores e intendentes que suplica al gobierno, hace siete años, morigerar las adicciones. El repetitivo vicio urgencista de la rectoría de salud mental es responder con improvisaciones. Esta vez realizó una planificación descuidada, sin respaldo estadístico, sin indicar con qué recursos humanos se va a trabajar; eso debilita –desde el inicio- la capacidad del Plan para dimensionar el problema y orientar acciones efectivas.
A la Coordinación Interministerial de Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos (CIPAC), responsable estratégica del Plan, le faltó diseñar una política publica en salud mental articulada con la prevención para que ésta sea factible. Tarea de un equipo altamente experimentado que no se jacte de inventar la pólvora. En principio, que consiga las evidencias que otorgan los modelos preventivos probados, el funcionamiento de los dispositivos interdisciplinarios que trabajan en el territorio y las evaluaciones con indicadores específicos.
Con tanta opacidad se dificulta la medición de los avances. Cualquier acción queda sin referencia para evaluar si mejora o empeora la situación.
La carencia de métricas imposibilita rendir cuentas ni justificar su financiamiento. La CIPAC dibujó su mapa de ruta, solo declarativo, en el que faltan las determinantes psicosociales y demográficas que operan en las adicciones. El Plan comienza con una debilidad institucional.
Seguramente, se elaborarán estadísticas descriptivas a posteriori de la intervención, lo que es una inconsistencia técnica. Los ideólogos del Plan se pusieron primero el zapato y luego las medias.