PolíticaDerrota legislativa para Milei
La tensión política volvió a escalar en el Senado luego de que el oficialismo se viera obligado a retroceder en su intento de bloquear el tratamiento del pliego de María Verónica Michelli, candidata a integrar un tribunal penal de La Plata y cuestionada por el presidente Javier Milei debido a su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon.
La situación derivó en una de las jornadas más conflictivas de los últimos meses en la Cámara Alta. En medio de fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, denuncias de "traición legislativa" y acusaciones de maniobras irregulares por parte de legisladores opositores, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, debió solicitar un cuarto intermedio para evitar que la sesión terminara en un escándalo mayor.
El conflicto se originó cuando el oficialismo intentó modificar un acuerdo parlamentario que había sido alcanzado días antes entre los distintos bloques para avanzar con una serie de pliegos judiciales. La maniobra generó un inmediato rechazo de la oposición, que reclamó respetar lo pactado y exigió que se incluyera el tratamiento de Michelli.
Tras casi una hora de negociaciones, Bullrich anunció un nuevo entendimiento entre las distintas fuerzas políticas: se tratarían todos los pliegos judiciales que contaban con dictamen y cumplían con los plazos reglamentarios. La decisión implicó habilitar el análisis de un total de 74 candidaturas judiciales, entre ellas la de Michelli.
La situación dejó expuesta una nueva dificultad para el Gobierno nacional en el Congreso. La candidatura de Michelli ya había obtenido el respaldo de nueve integrantes de la Comisión de Acuerdos, incluyendo legisladores que habitualmente acompañan las iniciativas de La Libertad Avanza. Muchos de esos senadores consideraron que no existían argumentos institucionales para revertir una decisión que ellos mismos habían respaldado previamente con su firma.
La polémica también puso el foco sobre el rol del presidente de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, quien había demorado la oficialización del dictamen por pedido del Poder Ejecutivo, según trascendió en los últimos días.
La sesión fue presidida por Bartolomé Abdala debido a la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien, según informaron desde su entorno, no asistió por cuestiones de salud.
Además del caso Michelli, el Senado avanzó con otros pliegos de alto impacto político y judicial. Entre ellos figura el de María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien actualmente interviene en la causa vinculada a la criptomoneda $LIBRA. También se incluyó el pliego de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para integrar un tribunal federal en Santa Fe.
Por otra parte, quedaron fuera de la discusión las candidaturas de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, un tribunal clave por su intervención en causas de alto perfil vinculadas al poder político y deportivo.
La jornada legislativa incluyó además otros temas de relevancia económica. Entre ellos, la ratificación del acuerdo con los fondos Bainbridge y Attestor, que permitirá al Estado argentino cancelar litigios por aproximadamente 171 millones de dólares con una quita superior al 30% y evitar potenciales embargos sobre activos estratégicos.
Asimismo, los senadores debatieron el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La iniciativa contempla modificaciones en la legislación vinculada al manejo del fuego, alquileres rurales y la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
El episodio dejó una conclusión política clara: pese a los intentos del Poder Ejecutivo por frenar determinadas designaciones judiciales, la oposición logró imponer su mayoría circunstancial y obligó al oficialismo a respetar los acuerdos parlamentarios. Una señal de que, incluso con el respaldo presidencial, el Gobierno continúa enfrentando límites cuando debe construir consensos dentro del Congreso.