El Senado de la Nación Argentina debate este jueves en comisiones el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, es una de las principales apuestas oficiales durante el período de sesiones extraordinarias, junto con la reforma laboral.
La reunión está prevista para las 14.30 en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda. En ese marco, el senador Juan Carlos Pagotto finalizará su mandato al frente de la comisión. Durante el encuentro, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsó el llamado a votación mediante el cual fue designado como nuevo presidente el senador Gonzalo Guzmán Coraita, quien asumirá la conducción y junto a Ezequiel Atauche presidirán la comisión. A partir de allí, comenzará formalmente el análisis del proyecto que busca modificar el régimen vigente y reducir la edad de imputabilidad de los menores.
Uno de los momentos más sensibles de la jornada será la posible participación de la madre de Jeremías Monzón, el joven asesinado en diciembre en la ciudad de Santa Fe. Por el crimen están imputados una joven de 16 años y dos menores de 14, un caso que reavivó el debate público sobre la responsabilidad penal juvenil.

La semana pasada, la Cámara baja aprobó el proyecto con 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones. El texto establece la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aunque finalmente no prosperó la propuesta original del Ejecutivo que buscaba fijarla en 13.
Entre los principales puntos, la iniciativa fija una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves, como homicidio, abuso sexual, secuestro y robos violentos. Además, establece que los menores privados de su libertad no podrán ser alojados junto a adultos y excluye la aplicación de prisión perpetua para este grupo.
El proyecto también contempla penas alternativas para delitos con condenas menores a 10 años, como amonestaciones, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, prohibición de acercamiento a la víctima, reparación del daño causado y restricciones de circulación o conducción.
La propuesta había sido debatida y dictaminada en comisiones en mayo de 2025, en base a un proyecto del Poder Ejecutivo y otras iniciativas legislativas. Su tratamiento en el Senado representa un paso clave para el Gobierno, que busca convertirla en ley antes del final de las sesiones extraordinarias, previsto para el 28 de febrero.
El avance de la Ley Penal Juvenil se da en paralelo al debate por la reforma laboral, en un contexto donde el oficialismo intenta consolidar respaldo legislativo a sus principales reformas estructurales.



