La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el acuerdo de conciliación entre el Estado nacional y dos grupos de acreedores externos, y avanzó con el tratamiento del denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI), una de las principales iniciativas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei para atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y de innovación.
La sesión comenzó en un clima de máxima tensión política. El oficialismo llegó al recinto con el número justo para alcanzar el quórum y recién pudo iniciar el debate cuando se sentó el diputado Adrián Ravier, recientemente designado vocero presidencial. El episodio dejó al descubierto las dificultades de La Libertad Avanza para garantizar mayorías propias y la necesidad de sostener acuerdos con sectores aliados.
Finalmente, el proyecto para convalidar los acuerdos con los holdouts fue aprobado por 139 votos afirmativos, gracias al respaldo del PRO, la UCR y distintos bloques provinciales, los mismos espacios que en las últimas horas habían evitado acompañar iniciativas de la oposición vinculadas a la situación del vocero Manuel Adorni.
El Gobierno aprobó hoy el acuerdo para pagar US$171 millones a los fondos Bainbridge y Attestor, dos holdouts que aún mantienen litigios pendientes contra la Argentina derivados del default de 2001. Obtuvo 139 votos a favor, 97 en contra y ninguna abstención.
La propuesta oficial fue acompañada por los aliados habituales del Gobierno en el Congreso así como por los espacios del centro político. El peronismo, en cambio, lideró la postura de rechazo.
En la misma línea, Germán Martínez, jefe del bloque UP, cuestionó la escasa fundamentación del proyecto -“el dictamen tiene nueve líneas”- y sostuvo que algunos de los argumentos oficiales podrían terminar siendo utilizados “en los tribunales de Nueva York en contra del Estado argentino”. “Todos los países refinancian sus deudas. Acá estamos tomando nueva deuda”, afirmó.
“Súper RIGI”
El denominado “Súper RIGI” busca captar inversiones multimillonarias en industrias vinculadas a la frontera tecnológica, sectores que actualmente no tienen desarrollo significativo en Argentina o que se encuentran en fases experimentales.
Entre los principales beneficios que ofrece el régimen se destacan una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por tres décadas, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones y una progresiva liberación del acceso a divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.
Además, el esquema contempla la posibilidad de que los inversores recurran a organismos internacionales de arbitraje, como el Ciadi o la Cámara de Comercio Internacional, en caso de conflictos con el Estado argentino. También establece que los derechos adquiridos bajo este régimen serán considerados inversiones protegidas por tratados internacionales, una cláusula que podría habilitar futuros reclamos si se modifican las condiciones vigentes.
Otro punto que genera debate es la limitación que impone a provincias y municipios para aplicar regalías o cánones administrativos adicionales sobre los proyectos que ingresen al programa.
Durante el tratamiento en comisión, el oficialismo incorporó modificaciones impulsadas por bloques dialoguistas con el objetivo de ampliar consensos.
Entre ellas se incluyó la obligación de que las empresas presenten planes de integración de proveedores locales con un mínimo del 20% de contratación nacional, incentivos específicos para inversiones en investigación y desarrollo, y la creación de un registro público de proyectos aprobados.
Asimismo, se reforzaron algunos requisitos ambientales y sociales. Los proyectos deberán demostrar que no comprometerán recursos naturales estratégicos ni infraestructura esencial, y podrán ser rechazados si generan impactos negativos significativos en las comunidades donde pretendan instalarse.
Los bloques opositores cuestionan duramente la iniciativa al considerar que otorga beneficios extraordinarios sin definir con precisión qué actividades serán alcanzadas. Legisladores de distintos espacios sostienen que se trata de un esquema diseñado a medida para grandes empresas tecnológicas internacionales.
Las críticas apuntan especialmente a la amplitud de los incentivos fiscales y a las garantías otorgadas a los inversores extranjeros, que podrían limitar la capacidad regulatoria futura del Estado argentino.
Una señal política para el Gobierno
Más allá del contenido económico, la sesión representó una prueba de fuego para la Casa Rosada. Tras varios días de negociaciones, el oficialismo logró recomponer puentes con sectores aliados y evitar que las tensiones políticas afectaran su agenda parlamentaria.
La jornada también incluyó la aceptación de la renuncia de Adrián Ravier y la jura de Martín Matzkin, exsubsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, quien asumió su banca acompañado por la ministra Patricia Bullrich, considerada una de las principales impulsoras de su llegada al Congreso.
Además, la Cámara aprobó una serie de convenios internacionales relacionados con la doble imposición tributaria, la cooperación contra la pesca ilegal y acuerdos de seguridad social con Francia, Suiza y San Marino, todos ellos con media sanción previa del Senado.
Con el respaldo de sus socios legislativos, el Gobierno logró superar un nuevo examen en el Congreso y ahora apuesta a convertir el “Súper RIGI” en una herramienta clave para atraer capitales y sostener su estrategia de crecimiento basada en grandes inversiones privadas.