Mientras los barrios no tienen agua
Son más de $5 millones de pesos mensuales los que se destinarían a pagos extraoficiales en el Concejo Deliberante de Pichanal, según denunció el edil del mismo municipio, Matías Sequeira Guzmán.
De acuerdo con su acusación, esos ingresos corresponderían a los concejales que responden al oficialismo y acompañan a un intendente que gobierna hace más de 20 años, en un esquema que deja una diferencia marcada: $54.000 para la oposición vs. $1.400.000 para el oficialismo.
“No es por el dinero”, sostuvo el edil, que integra un bloque juvenil opositor dentro del Concejo, y aclaró que el esquema de pagos paralelos no responde a “temas personales ni con el bloque”, sino que funcionaría como un mecanismo de clientelismo que también alcanza a concejales de otros sectores que no acompañan al oficialismo local, entre ellos representantes de La Libertad Avanza, mientras que los beneficios económicos quedarían reservados para quienes respaldan al intendente Julio Jalit.
En un municipio de unos 48.000 habitantes, la denuncia también apunta al funcionamiento interno del Concejo Deliberante de Pichanal.
Según afirmó el edil, el cuerpo es encabezado por una autoridad que no fue votada por los concejales y que, durante la toma de juramento del nuevo período, la presidencia del acto fue asumida por un representante del oficialismo, cuando —de acuerdo con la Carta Orgánica— esa función debía recaer en el concejal de mayor edad, una situación que consideró una violación expresa de las normas internas.
“Mario Murua se autoproclamó presidente del Concejo, pero nadie lo votó ni hubo una elección formal”, denunció el edil Matías Sequeira Guzmán.
En ese marco, explicó que tras el recambio del 10 de diciembre la normativa interna establece que la conducción provisoria y la toma de juramento deben quedar a cargo del concejal de mayor edad, hasta la elección de nuevas autoridades.
Sin embargo, sostuvo que ese procedimiento no se respetó y que el rol correspondía a Sergio Ralle, de 68 años, una omisión que calificó como violatoria del reglamento y que, según afirmó, derivó en que Mario Murúa hoy se presente como presidente y “diga serlo sin haber sido elegido” por sus pares.
Mientras, cinco de los nueve concejales recibirían entre $1 millón y $1,4 millones mensuales por su “lealtad” a Jalit, según Sequeira, en un esquema que contrasta de forma directa con las condiciones en las que viven amplios sectores de la población.
En paralelo, el edil describió carencias estructurales que atraviesan a distintos barrios y zonas rurales, con problemas persistentes de acceso al agua potable, iluminación pública deficiente y calles sin mantenimiento, una situación que —sostuvo— se repite desde hace años y condiciona la vida cotidiana de los vecinos.
Como ejemplo, mencionó la situación del asentamiento Francini, donde —según afirmó— los vecinos llegaron a pasar 27 días sin agua por una falla técnica en la bomba, sin una respuesta sostenida del Ejecutivo local.
En ese contexto, el concejal también se refirió a la situación judicial del intendente Julio Jalit, quien gobierna el municipio desde hace más de dos décadas y que, según afirmó, enfrenta múltiples procesos penales.
De acuerdo con información oficial publicada por el Ministerio Público Fiscal de Salta, en octubre de 2025 fue suspendido el juicio oral que debía iniciarse en noviembre de ese año, tras la aceptación de recursos de casación presentados por las defensas técnicas de algunos de los imputados.
En esa causa, Jalit se encuentra imputado —junto a otras personas— por los siguientes delitos:
- Fraude a la administración pública (administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública).
- Peculado de servicios.
- Utilización y transporte de residuos peligrosos, con presunta afectación al ambiente, el agua, el aire y el suelo.
- Omisión maliciosa y falseamiento de datos en declaraciones juradas patrimoniales.
- Enriquecimiento ilícito, en concurso real con otros cargos.
Más allá del plano judicial, Sequeira también contrastó la situación local con la de otros concejos deliberantes del norte, donde —según indicó— las dietas alcanzan los $2 millones mensuales.
El manejo del Concejo
Según explicó el edil, el esquema se sostiene porque los concejales oficialistas —que conforman mayoría— votan sistemáticamente en contra de cualquier actualización formal de los ingresos, lo que mantiene congelados los salarios en blanco del cuerpo.
Esa dinámica, afirmó, permite preservar un sistema paralelo de pagos que beneficia únicamente a quienes responden al Ejecutivo local y garantiza la continuidad de los ingresos extraoficiales, mientras que la oposición queda limitada al monto mínimo establecido.
A ese escenario suma que la actual conducción informó que las sesiones recién se retomarán en marzo, lo que implica casi tres meses sin actividad legislativa tras el recambio.
Para el edil, esa combinación terminó por convertir al cuerpo en “el Concejo más vago”, no solo por el nivel de ingresos que se discuten, sino por la falta de trabajo efectivo frente a las demandas de la comunidad.
Tras hacer pública la denuncia, Sequeira aseguró que comenzó a ser blanco de ataques coordinados en redes sociales, con comentarios repetidos y cuentas anónimas que —según afirmó— responden a un mismo patrón de deslegitimación.
Para el edil, se trata de una acción organizada mediante “bots”, orientada a desacreditarlo públicamente y desalentar cuestionamientos al funcionamiento interno del cuerpo.
Con un sueldo oficial que no alcanza para llegar a la semana, el concejal Matías Sequeira Guzmán, de 25 años, remarcó que su denuncia no responde a un reclamo económico personal y señaló que cuenta con otro trabajo en el sector privado, desde donde ayuda al sostén de su familia: sus padres.