El precio de la intoxicación
El caso del fentanilo contaminado presentó un nuevo capítulo, esta vez mediante el diputado nacional por Unión por la Patria, Eduardo Valdés, quien presentó un proyecto de ley que busca establecer una asistencia a las familias y víctimas de la intoxicación del fármaco elaborado por HLB Pharma, a cargo de Ariel García Furfaro.
El cordobés Eduardo Félix Valdés presentó el pasado jueves en la Cámara de Diputados un proyecto de ley titulado “Reparación Integral e Igualitaria a Familiares de Víctimas Fatales y Víctimas Sobrevivientes del Fentanilo Contaminado o Adulterado”, que buscará subsidiar a los damnificados por la intoxicación que irrumpió en mayo, sacudió al sector farmacéutico y resultó fatal para un número de pacientes que podrían superar el centenar.
Caso fentanilo contaminado
Durante los primeros días de mayo, en el Hospital Italiano de La Plata murieron 9 de 18 pacientes a los que se les administró fentanilo (medicamento analgésico, más potente que la morfina, usado para tratar dolores crónicos) que estaba contaminado. Ese lote provenía de la firma HLB Pharma y su laboratorio Ramallo.
La Justicia y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibieron la comercialización de todos los productos de la marca y suspendieron las actividades de la empresa que dirigía Ariel García Furfaro, pero el caso escaló y la proliferación del farmaco causo la muerte de los pacientes de las guardias en hospitales de Santa Fe, Córdoba, Formosa y Buenos Aires.
Si bien las sospechas indican que hay 173 pacientes fallecidos vinculados al fentanilo contaminado, los datos que arrojan las pericias del Cuerpo Médico Forense confirmaron que 38 de las 40 historias clínicas de pacientes fallecidos analizadas, sobre el total de 173, corresponden a muertes por infecciones bacterianas asociadas al uso del anestésico adulterado.
A Ariel García Furfaro, junto a sus familiares y socios, se les imputan los delitos de adulteración de sustancias medicinales, en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas con resultado de muerte. Pero este no fue un hecho aislado en el prontuario de negligencias e irregularidades de HLB Pharma, ya que la firma cuenta con antecedentes recientes de mala praxis:
- Barbijos descartables falsificados en 2021.
- Comprimidos de paracetamol rotos dentro de envases en 2023.
- Contaminación cruzada de morfina–diclofenac en abril de 2025.
- Venta de Propofol (anestesia) no autorizado en abril de 2025.
La reparación a las víctimas
Prestaciones y apoyos no monetarios
Salud: atención interdisciplinaria para damnificados por fentanilo contaminado o adulterado, con cercanía al domicilio, seguimiento clínico y medicación gratuita.
Asistencia social: el PEN articulará prestaciones y programas de ayuda directa para familiares de víctimas fatales y sobrevivientes.
Reinserción educativa: planes para completar el secundario, respetando la modalidad educativa previa y la situación particular de cada beneficiario (familiares de fallecidos y sobrevivientes).
Inserción laboral: acciones para facilitar empleo a familiares de víctimas fatales y sobrevivientes desempleados al inicio de la ley, cuando hayan perdido sustento por el hecho.
Subvención para familiares de víctimas fatales
Monto: vitalicia, mensual, equivalente a 3 SMVM (Salarios Mínimos, Vitales y Móviles).
Compatibilidad: no se descuenta ni impide futuras indemnizaciones (judiciales o extrajudiciales).
Orden de prelación (excluyente):
- Hijos/as menores de 18 (vía representantes), o hasta 25 si estudian (con certificado). Al cumplir la edad tope, pasa al siguiente en el orden.
- Cónyuge o conviviente con mínimo dos años de convivencia inmediata previa al fallecimiento.
Subvención para víctimas sobrevivientes
Monto: mensual, equivalente a 3 SMVM, mientras perdure la incapacidad laboral por la intoxicación por fentanilo.
Compatibilidad: no se computa para futuras indemnizaciones (judiciales o extrajudiciales).
Si el beneficiario fallece:
- Hijos/as menores de 18 no emancipados (vía representantes), o hasta 25 si estudian (con certificado).
- Cónyuge o conviviente con mínimo dos años de convivencia inmediata previa al fallecimiento.
En caso de aprobarse el proyecto de ley, se puede constatar la condición de “sobreviviente” mediante constancia escrita en los registros oficiales del Sistema de Salud Pública y/o historias clínicas de los hospitales, y por certificaciones expedidas por los registros u otros organismos públicos, donde estén inscriptos como familiares de víctimas fatales o víctimas sobrevivientes.