PolíticaLas provincias deberán adecuar sus servicios penitenciarios

Gabriela Flores sobre el Régimen Penal Juvenil: “No viola los derechos del niño; contiene en la vulnerabilidad”

La presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, argumenta que el proyecto es "superador" y respeta los derechos del niño. Afirma que se busca abordar el delito juvenil y la vulnerabilidad social desde el acompañamiento y no desde la condena de un adulto. "La droga es un factor determinante en el delito juvenil, por eso se contempla siempre ayudar a la recuperación de la persona".

María Fernanda  Navarro de Haz
por María Fernanda Navarro de Haz 11 Febrero de 2026
11 Febrero de 2026
Comisión Familia, Niñez y Juventudes
Comisión Familia, Niñez y Juventudes - (Parlamento)

La presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, la diputada nacional salteña Gabriela Flores, defendió el proyecto de reforma del régimen penal juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años y aseguró que se trata de una iniciativa “superadora” que respeta la Convención sobre los Derechos del Niño.

“Si estamos de acuerdo o no con la baja de la edad a los 14 años, es una discusión que no deberíamos estar dando en términos de escándalo. La región ya lo tiene resuelto: Brasil tiene imputabilidad desde los 12 años, Uruguay y Chile también cuentan con sistemas similares”, explicó.

Flores sostuvo que cuando un menor de 14 años entra en conflicto con la ley penal y no se le imputa un delito ni se sanciona su conducta, “lo más probable es que ese delito se repita”. En ese sentido, aclaró que el proyecto no busca castigar como a un adulto, sino imputar con normas específicas de protección.

“No van a ir a cárceles comunes. El proyecto contempla partidas presupuestarias para que las provincias habiliten centros especializados. Incluso si cumplen 18 años, no van automáticamente a cárceles comunes, para evitar la llamada ‘escuela del delito’, como ocurre cuando se envía a personas jóvenes a unidades como Villa Las Rosas (tema aparte el penoso sistema que hay en Salta)”, remarcó.

La legisladora señaló que el proyecto adecua las penas a la edad, modifica los mínimos y amplía las herramientas judiciales: “Jueces y fiscales pueden disponer medidas alternativas como prisión domiciliaria, tobillera electrónica, informes trimestrales y la revisión o modificación de la pena. Siempre teniendo en cuenta el contexto familiar”.

También hizo hincapié en situaciones de extrema vulnerabilidad: “Hay familias que drogan a los chicos para que vendan droga. Por eso tenemos familias que no pueden contener a ese chico. Y si se lo penaliza, se escapa, no hay forma. Este proyecto prevé contención, y si el menor es adicto, tiene un tratamiento diferenciado. Todo esto está contemplado en el presupuesto, que será auditado desde Nación”.

Respecto a las críticas, Flores fue tajante: “La Comisión debe hacer cumplir la Convención de los Derechos del Niño y este proyecto no la viola. No vamos a salir a incumplir ninguna convención internacional”.

La abogada y periodista planteó una contradicción legal vigente: A los 13 años un chico puede decidir no someterse a una intervención médica, puede decidir sobre tratamientos hormonales, cambio de sexo y sobre cuestiones de salud y educación. Es decir, para el derecho civil, entiende. Pero para el derecho penal, no. No te digo que comprenda una estafa piramidal, pero matar o robar, entiende. Entonces, ¿Qué entienden y qué no entienden? Son temas de debate para que la ley contemple cabalmente cada situación”.

“Cuando un chico mata o roba, no es que no entiende el daño que provoca. No hay que escandalizarse con la baja de la edad, sino analizar el contexto y desde ahí, acompañar".

Finalmente, advirtió sobre el circuito del narcotráfico y dijo que la ley lo tiene muy claro: “Muchos chicos venden droga hasta los 18 y luego son descartados por las organizaciones criminales. Lo que queda es una sociedad llena de jóvenes adictos, los sonámbulos, sin familias que contengan, ni sistemas. La ley propone acompañar esos procesos y hacerse cargo desde el Estado con centros de recuperación y reinserción”.

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