Corrupción judicial
El extitular del Juzgado Federal 1 de Mendoza, Walter Bento, fue condenado a la pena de 18 años de prisión y al pago de una multa superior a los 540 millones de pesos, tras hallarlo culpable de liderar, desde 2007, una asociación criminal dedicada al cobro de sobornos a cambio de resoluciones judiciales favorables, y en el juicio también fueron condenadas otras 16 personas, entre ellas su esposa y uno de sus hijos.
El Ministerio Público Nacional informó que fue el Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza el que condenó al exjuez federal, en un juicio que duró dos años y medio, en el que también fueron condenados su esposa, Marta Isabel Boiza Yorino, y su hijo, Nahuel Bento, junto a otras 14 personas, entre policías, abogados y sentenciados por delitos de narcotráfico, contrabando y lavado de activos.
Según el tribunal, integrado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y María Carolina Pereira, el exmagistrado fue declarado responsable de encabezar, al menos desde 2007, una organización criminal que recibió dinero, inmuebles y vehículos a cambio de otorgar beneficios procesales ilegítimos.
Durante el juicio, la representación del Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo de la fiscal general María Gloria André; el fiscal general Dante Marcelo Vega; y los fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) Diego Velasco e Ileana Schygel.
En línea con lo solicitado por el MPF, el tribunal también dispuso el decomiso de bienes pertenecientes al patrimonio de la familia Bento, que incluyó ocho inmuebles, siete locales comerciales y tres vehículos.
El tribunal condenó además a una nómina de personas, aunque hizo lugar parcialmente a un planteo de la defensa de Bento y declaró la prescripción de la acción penal respecto de hechos vinculados a abuso de autoridad, desobediencia judicial, omisión o retardo de justicia y prevaricato, por los que había llegado a juicio.
Listado de condenas y penas
Walter Ricardo Bento: 18 años de prisión y multa de $540.846.159.
Marta Isabel Boiza Yorino: 6 años de prisión y multa de $346.159.
Nahuel Agustín Bento Boiza: 5 años de prisión y multa de $16.642.040.
Luciano Edgardo Ortego Hernández: 8 años y 6 meses de prisión y multa de $62.580.000.
Jaime Andrés Alba Nortes: 7 años de prisión.
Walter Eduardo Bardinella Donoso: 13 años y 6 meses de prisión y multa de $62.580.000.
Leopoldo Antonio Martín Ríos Santander: 5 años de prisión y multa de $62.580.000.
Alejandro Matías Aramayo Ciacera: 4 años y 6 meses de prisión y multa de $62.580.000.
Luis Francisco Álvarez López: 3 años y 6 meses de prisión y multa de $11.030.000.
José Gabriel Moschetti Retamales: 3 años y seis meses de prisión.
Alfredo Rodolfo Aliaga Luque: 2 años de prisión en suspenso.
Marcos Adrián Calderón Devias: 1 año de prisión en suspenso y multa de $4.491.200.
Daniel Gonzalo Martínez Pinto: 9 años y 6 meses de prisión y multa de $11.030.000.
Juan Carlos Molina Pérez: 2 años y 6 meses de prisión en suspenso y multa de $62.580.000.
Eugenio Javier Nasi Pereira: 6 años de prisión y multa de $41.562.600.
José María Sanguedolce Cadile: 6 años y 6 meses de prisión y multa de $8.319.717,82.
Martín Rodolfo Bazán Guerra: 1 año y 6 meses de prisión en suspenso.
En tanto, fueron absueltos por falta de pruebas: Luciano Ezequiel Bento Boiza, Octavio Nicolás Billi Villaverde, Leandro Emanuel Cirot Maldonado, Javier Leónidas Angeletti Ratfopol, Walter Aníbal Costa Sgró, Cristian Oscar Oliva Suárez, Omar Armando Rodríguez Cichinelli, Facundo Mariano Alzogaray Sánchez, Carlos Federico Barón Knoll y Francisco Nicolás Castro Navarro.
Sus familiares condenados
En cuanto a las penas impuestas a los familiares del exjuez, Boiza Yorino fue condenada a 6 años de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito, en calidad de partícipe necesaria, y lavado de activos agravado, como coautora, mientras que su hijo -exsecretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza- recibió una condena de 5 años de prisión y una multa superior a los 16 millones de pesos por lavado de activos de origen ilícito.
Durante el juicio, los representantes del Ministerio Público Fiscal acreditaron que Walter Bento utilizó su investidura y el control del Juzgado Federal 1 para dictar resoluciones judiciales ilegítimas -como excarcelaciones, morigeraciones de prisiones preventivas, recalificaciones legales, sobreseimientos o faltas de mérito- a cambio de “coimas” en dólares, bienes muebles o inmuebles y otras ventajas económicas.
Según lo expuesto en el debate, el monto de los sobornos percibidos por la organización superaría los 1,7 millones de dólares, además de numerosos bienes obtenidos mediante mecanismos de ocultamiento patrimonial.
Bento era el jefe indiscutido de la organización criminal
Al momento de dar a conocer las responsabilidades penales, la jueza Diamante sostuvo que “la jefatura indiscutida de esta organización estuvo a cargo de Walter Bento”, y remarcó que su rol fue “central y excluyente” por tratarse del funcionario que tenía el poder decisorio final sobre la situación procesal de las personas involucradas.
“Fue el jefe de una organización criminal que convirtió la función pública en una mercancía y lesionó la confianza pública en la administración de justicia”, afirmó.
En su alegato, la fiscal general André destacó que el accionar del exmagistrado causó un “grave daño a las instituciones y a la credibilidad del Poder Judicial de la Nación”, y subrayó que Bento “no se limitó a incumplir sus deberes, sino que se valió de su cargo para organizar una estructura delictiva de la que era la única persona indispensable”.
Por su parte, el fiscal Velasco señaló como agravante la formación especializada del acusado en materia financiera, al advertir que su condición de juez federal implicaba un grado de conocimiento experto que lo colocaba en una situación distinta a la de cualquier otro imputado.
¿Cómo funcionaba la organización?
De acuerdo a lo reconstruido en el debate, Bento lideraba desde 2007 una estructura criminal compuesta por abogados intermediarios y organizadores, que actuaban como nexo entre los acusados y el juez, gestionando acuerdos y cobrando sumas de dinero; miembros vinculados a fuerzas de seguridad o con contactos institucionales que facilitaban la ejecución de las maniobras; y los familiares de Bento, que no solo participaron de las maniobras de lavado y enriquecimiento ilícito.
El esquema se activaba a partir de personas imputadas -en general por delitos complejos como narcotráfico o contrabando- que se encontraban detenidas o con restricciones a su libertad.
A través de abogados e intermediarios, se les ofrecía un “arreglo” con Bento a cambio de dinero u otros bienes, con el objetivo de obtener resoluciones judiciales que mejoraran su situación procesal para poder conseguir así su libertad o la morigeración de las medidas de privación.
La investigación se inició en 2020, tras la muerte de Diego Aliaga, despachante de aduanas e informante policial, quien oficiaba como intermediario en el cobro de dinero destinado al magistrado.
Los frecuentes contactos telefónicos entre Aliaga y Bento sirvieron como prueba entre los favores que cobraba el despachante y el exjuez, y fue clave la detención de uno de los condenados, Walter Bardinella Donoso, acusado de financiar una banda narcocriminal, en cuyo celular se encontraron conversaciones que resultaron determinantes para acreditar la existencia y el funcionamiento de la organización ilícita liderada por el exjuez ahora condenado.