Política“El que las hace, las paga”, escribió Adorni
El Hospital Garrahan solicitó el desafuero de diez gremialistas para avanzar con sus despidos, luego de que en octubre de 2025 ocuparan de manera ilegal las oficinas de la dirección del establecimiento, según informó hoy el vocero presidencial Manuel Adorni en su cuenta de X.
El conflicto se originó por la exigencia de cobrar días no trabajados, hecho que derivó en la protesta y la posterior toma de espacios administrativos. Además de los pedidos de desafuero, el hospital aplicará sanciones disciplinarias a otras 29 personas vinculadas al episodio.
“El que las hace, las paga”, escribió Adorni al difundir la decisión del centro pediátrico, enmarcando la medida dentro de lo que describió como el final de una etapa de prácticas sindicales indebidas.
La reacción gremial
Minutos después, uno de los dirigentes señalados por el Gobierno, Alejandro Lipcovich, secretario general de la interna de ATE Garrahan, respondió con dureza. Aseguró que su despido —junto al de otros trabajadores— constituye un “ataque criminal” y una operación política “decidida a escala de la Casa Rosada”.
“Adorni anuncia mi despido y el de más trabajadores del Garrahan, que estamos al frente de ATE, la APyT y de la lucha que los derrotó. Nos vamos a organizar para enfrentar este ataque criminal que solo busca seguir vaciando el hospital”, afirmó Lipcovich en un mensaje publicado en Instagram.
En comunicación con medios, el dirigente denunció que el anuncio oficial se produjo a pocos minutos de que los trabajadores recibieran el dictamen de la Oficina de Sumarios, lo que —según dijo— confirma el carácter político de la medida. “Es un informe reservado que de ninguna manera debería tener el jefe de Gabinete si esto fuera normal”, sostuvo.
Lipcovich aseguró que la decisión oficial busca “pasar factura por la lucha de 2025”, cuando las movilizaciones del personal del Garrahan lograron frenar medidas impulsadas por el Gobierno. “Nos trataron de ñoquis, nos descalificaron en público y no pudieron quebrarnos”, remarcó.
El dirigente vinculó además el conflicto con la previa del debate de una reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, denunciando un supuesto “vaciamiento” del hospital mediante recortes y cancelaciones de contratos. En un audio posterior, amplió sus críticas: “Este operativo político busca aleccionar a una de las principales luchas del año 2025. Anuncian despidos y suspensiones a compañeras y compañeros de todas las áreas. Vamos a realizar asambleas, organizarnos y apelar el dictamen, aunque está claro que el veredicto ya está escrito”.
El conflicto de 2025 y sus consecuencias
La disputa en el Hospital Garrahan se inscribe en una secuencia de reclamos salariales, presupuestarios y laborales que se profundizó a lo largo de 2025, en paralelo al debate parlamentario por la emergencia pediátrica y el financiamiento del sistema de salud. Los trabajadores denunciaron pérdida del poder adquisitivo, precarización laboral y recortes en áreas sensibles, mientras el hospital se consolidó como uno de los principales focos de conflictividad social del año.
El conflicto escaló con paros, asambleas y movilizaciones masivas, algunas de las cuales confluyeron con protestas de otros sectores del Estado nacional. Las marchas reunieron a miles de trabajadores de la salud, organizaciones sociales y agrupaciones gremiales, posicionando al Garrahan como emblema de los reclamos contra el ajuste en áreas críticas.
En ese contexto, el Gobierno sufrió derrotas legislativas clave, incluyendo la insistencia del Senado en la ley de emergencia sanitaria en pediatría y la restauración del financiamiento universitario, fortaleciendo el respaldo político a los reclamos del sector salud.
Tras meses de conflicto, los trabajadores del Garrahan lograron un acuerdo salarial con un aumento acumulado del 61%, considerado por los gremios como una victoria significativa, mientras que desde el Gobierno se buscó encuadrar el desenlace como parte de una estrategia de ordenamiento fiscal y disciplinamiento sindical.
Los recientes pedidos de desafuero y sanciones disciplinarias se inscriben dentro de este marco de tensión entre el Ejecutivo y los gremios del hospital, que continúa siendo uno de los frentes laborales más sensibles y conflictivos del país.