La decisión fue tomada luego del delicado cuadro de salud que atraviesa el ex funcionario kirchnerista, de 76 años, quien el pasado 1° de abril sufrió un infarto y debió ser sometido a la colocación de un stent. Según los informes médicos incorporados a la causa, De Vido presenta un “alto riesgo cardiovascular”.
A ese antecedente se suman otras afecciones de salud, entre ellas diabetes insulinodependiente, fibrilación auricular persistente e hipertensión arterial, condiciones que fueron consideradas por los jueces al momento de resolver el beneficio.

De Vido permanece detenido tras haber sido condenado por fraude al Estado en la causa por la tragedia ferroviaria de Once, donde fue hallado culpable como partícipe necesario.
Si bien el Tribunal Oral Federal había rechazado inicialmente el pedido de prisión domiciliaria, la Sala integrada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci anuló esa resolución y ordenó que continúe cumpliendo la condena en su domicilio.
Además, Casación dispuso que el juez de ejecución realice controles periódicos sobre el estado y las condiciones del arresto domiciliario del ex ministro.
El choque de una formación del tren Sarmiento en la estación Once
Ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando una formación del ferrocarril Sarmiento chocó contra el paragolpes de contención en la estación Once, en la ciudad de Buenos Aires. El accidente dejó 51 muertos y más de 700 heridos, convirtiéndose en una de las peores tragedias ferroviarias de la historia argentina.
La investigación judicial determinó que existieron graves fallas en el sistema ferroviario, falta de controles y desvío de fondos destinados al mantenimiento del servicio. La empresa concesionaria TBA fue señalada por el mal estado de los trenes y la deficiente prestación del servicio.

En la causa fueron condenados empresarios, ex funcionarios y responsables del área de transporte. Entre ellos, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien fue considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. También fue condenado el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.
El caso marcó un antes y un después en el debate sobre el estado del sistema ferroviario argentino y derivó en reformas y mayores controles sobre el transporte público.